(PD/Agencias).- El Tribunal Supremo (TS) ha declarado a la Generalitat responsable civil subsidiaria de los delitos cometidos durante su fuga de la cárcel por los presos de Ponent (Lleida) Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste, por lo que el Ejecutivo catalán deberá abonar a las víctimas una cantidad que, en total, asciende a 2,7 millones de euros.
El alto tribunal ha confirmado, en cambio, las penas de 76 y 62 años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso, respectivamente, a Brito y Picatoste porque en su fuga, en octubre del 2001, asesinaron a un joven, violaron a su novia y dispararon contra un mosso que quedó paralítico.
Cúmulo de negligencias
Aunque la Audiencia de Barcelona absolvió a la Generalitat de cualquier responsabilidad, el Supremo entiende que «el cúmulo de negligencias reglamentarias son la causa eficiente de la consumación de una fuga violenta, planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como a la imprevisión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos».
La única modificación en las penas de prisión efectuada por el Supremo consiste en absolver de delito de encubrimiento, por el que también fue condenado Jorge Uroz. De forma que su pena se queda en ocho meses de cárcel por quebrantamiento de condena y robo de uso de vehículo a motor. La Audiencia Provincial le había condenado a un año y ocho meses.
