(Redacción / PD).- La Asociación Víctimas del Terrorismo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, contra las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que «absuelven» al etarra Iñaki De Juana de un «delito de pertenencia a banda armada y rebajan la condena por un delito de amenazas terroristas«.
La AVT ha explicado que la rebaja de la condena a tres años de cárcel, dictada por el Tribunal Supremo, tiene una justificación «inadecuada que vulneraba los derechos de amparo judicial de las víctimas del terrorismo y la propia jurisprudencia de esa misma sala«.
En este sentido, añade que el recurso de amparo se ha presentado después de que la AVT haya ido anunciando, a lo largo de todo el procedimiento contra el etarra De Juana, la «vulneración de derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva«.
Los servicios jurídicos de la AVT también han presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional un escrito en el que se insta a la Justicia a actuar contra la «impunidad de Batasuna-ETA, que no ha dejado de actuar desde hace muchos meses con total normalidad, a pesar de estar ilegalizada por pertenencia a la banda terrorista ETA«.
Alcaraz ha asegurado que Batasuna le ha dado «coartada» al Gobierno para «justificar» la aplicación de la Ley de partidos ilegalizando a ASB y permitir luego su presencia en las elecciones mediante otras fórmulas.
Alcaraz ha dicho que considera esta situación como un «movimiento estratégico» para permitirle a Batasuna presentarse a las elecciones y, sin embargo, «vender de cara al electorado y a la ciudadanía» la aplicación de la Ley de Partidos.
El presidente de la AVT ha afirmado que si el Gobierno no «aplica y vigila» estará «cediendo de nuevo a sus exigencias«, aunque Alcaraz también ha afirmado que no cree que el Gobierno vaya a «hacer nada» para evitar la presencia de estas agrupaciones en las próximas elecciones.
También ha recalcado el acto que Batasuna ha convocado en Vitoria «en el que está previsto que presente su candidatura y programa electoral para los comicios del próximo mayo» y asegura que esta convocatoria coincide absolutamente con los postulados y las formas usados el pasado 31 de marzo en el BEC, por lo que la autoridad judicial debe pronunciarse sobre su legalidad.
