(PD/Agencias).- Evo Morales quiere instaurar la justicia comunitaria en Bolivia. Según el presidente, esta basada en la tradición y la decisión de los sabios. Los críticos alertan de que supondrá el regreso de castigos corporales.
Cuenta Abel Gilbert en El Periódico que la justicia comunitaria reclama su hora y su propia balanza en la Bolivia de Evo Morales. Sus detractores aseguran que, de adquirir rango legal, el país comenzará a dirimir parte de sus conflictos sobre la base de latigazos, admoniciones o la imposición del trabajo comunitario, según la falta cometida.
En cambio, el Gobierno asegura que esos son preconceptos que satanizan tradiciones ancestrales. Lo que se promueve, sostienen, es introducir en la futura Carta Magna el «pluralismo jurídico».
«Quieren asociarnos con la pena de muerte para dejarnos en ridículo. Cuando hablamos de chicotes (látigos) es solo en términos simbólicos. ¿O acaso vamos a permitir que se le dejen marcas a una persona sancionada? Eso va contra nuestros principios.
La justicia comunitaria de los pueblos indígenas originarios respeta profundamente al hombre», declaró a este diario Petronilo Flores, director general del Viceministerio de Justicia y principal promotor de este controvertido proyecto.
Leyes eternas
Flores es abogado. Tiene 35 años y se considera un representante de la nación indígena jatun kikillas en la nueva estructura de poder político boliviana. Al otro lado del teléfono, su voz se crispa cuando habla de los «malentendidos» que suscita el tema.
«En América Latina hay mucha gente de mentalidad colonial que ha impuesto sus instituciones por encima de las nuestras. Nos trajeron el derecho de afuera, que obedece a otra visión del mundo».
El desprestigio de los tribunales, los astronómicos honorarios que a veces cobran los abogados y la eternidad con que se demoran los fallos muestran, según Flores, el fracaso del orden jurídico occidental.
En su opinión, esa es la razón de los actos espontáneos de linchamiento.
En cambio, la justicia comunitaria tiene a su favor la rapidez de las sentencias, la gratuidad y la oferta de participación a las miles de comunidades campesinas que existen en el país. Esas son zonas donde el Estado ha sido un ausente de siempre.
Allí, los mallkus (autoridades), con sus ponchos y sus chicotes, hacen respetar la ley acompañados de la policía sindical y los amautas (sabios aimaras). Sus veredictos se dan a conocer en una asamblea.
«He vivido en mi niñez y adolescencia en la justicia comunitaria. Cuando se resuelve un problema no se cobra nada», comentó recientemente el presidente Morales.
El mallku de una población del lago Titicaca le contó al diario paceño La Prensa que la única forma de resolver un asesinato cometido el año pasado fue dejar al acusado toda la noche en el cementerio.
«Los cerros sagrados y el ánima del finado lo hicieron entrar en razón y al siguiente día lo contó todo. Como castigo, debió ceder a la viuda parte de sus terrenos y 10 cabezas de ganado, y comprometerse a mantener a sus hijos», reveló.
Derechos quebrados
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Javier Guachalla, advirtió de que el proyecto oficial vulnera los derechos fundamentales de los acusados:
«Se tiene que respetar el principio de la inocencia. A nadie se le puede decir que es responsable de un acto delictivo sin antes escucharle y juzgarle debidamente. También tiene derecho a exigir defensa en las condiciones que le garantiza la Constitución».
Luis Vásquez, constitucionalista y senador de la formación derechista Podemos, sostuvo que la aplicación de la ley «no puede depender de la opinión del sabio del pueblo». Eso «daría lugar a decisiones arbitrarias» que destruirían «el sistema de seguridad jurídica».
La voz del doctor Flores, padrino de la reforma, truena cuando se le mencionan esas objeciones.
«Los expertos no saben nada. Así de simple», dice. A su criterio, las críticas se deben a la falta de conocimientos sobre la justicia comunitaria, que, por ejemplo, aunque no contempla la apelación, sí incluye la revisión de una sentencia.
Para el alto funcionario, la justicia comunitaria tiene que ponerse en marcha «en igualdad de condiciones» con la justicia ordinaria. «El tema es –señaló– cómo vamos a entender la igualdad».
La Asamblea Constituyente tendrá la última palabra. Si da el sí, algunas cosas cambiarán. Los adúlteros, por ejemplo, deberán saber a lo que se atienen: arrodillados en la plaza, y mirando a los ojos a su comunidad avergonzada, recibirán los latigazos de rigor por haber deseado un fruto prohibido.
