El gobierno sobrante


(PD).- Sobran ministerios. Lo afirma Ignacio Camacho en ABC, en una de sus aceradas columnas, en la que muestra todo su respaldo a lo que, «en un arranque de desahogada sinceridad, fruto de su cabreo por la inactividad de la Administración que vicepreside», admitió el jueves Teresa Fernández de la Vega ante la Comisión de Subsecretarios.

Lástima que se tratase sólo de una arenga destinada a estimular la pereza burocrática de sus colaboradores, porque la idea de cerrar la mitad de los departamentos ministeriales para ahorrar dispendios al erario público sería la primera iniciativa de este Gobierno capaz de aunar un generoso consenso ciudadano. La vicetodo hablaba de mentirijillas, pero merecería la pena haberle tomado la palabra.

Si fuese posible abstraerse, cosa realmente difícil, de la terca incompetencia generalizada de este Gabinete, el debate de una reforma del organigrama gubernamental quedaría fijado en torno a una sencilla dialéctica de máximos y mínimos: si sobra la mitad del Gobierno o todo él.

La segunda opción resulta tentadora de defender a la vista de la recurrente desaparición del presidente Zapatero cada vez que surge una crisis seria, o sea, a cada ocasión en que verdaderamente se necesita de su ausente liderazgo.

Pero incluso en la más optimista de las hipótesis hay que convenir que la masiva descentralización de competencias ha vuelto inútil la existencia de elefantiásicas estructuras ministeriales propias de un régimen jacobino desmantelado por las sucesivas vueltas de tuerca del modelo constitucional.

Fuera de los llamados «Ministerios de Estado» -Exteriores, Interior, Hacienda, Defensa y Fomento, éste último también en proceso de deconstrucción-, la mayoría de las carteras carecen de competencias reales, transferidas total o parcialmente a las autonomías.

Sanidad no gestiona ya ni un solo hospital; Educación sólo retiene una universidad ¡de verano!; Cultura apenas ejerce jurisdicción sobre el Museo del Prado; Agricultura es un sándwich entre los territorios autonómicos y la PAC comunitaria; Industria almacena propiedades reguladoras dudosas en un Estado liberal; Trabajo y Justicia están en fase de desmantelamiento competencial efectivo; Medio Ambiente y Vivienda son inventos artificiales sin contenido tangible, y Administraciones Públicas, que podría ejercer de organismo coordinador del «carajal», es ámbito propicio al absentismo de políticos aficionados a ponerse de perfil.

Actitud que a menudo es preferible al peligroso activismo sin sentido con el que ministros como Elena Salgado, en su anterior cometido sanitario, se empeñan en justificar su escaso papel con proyectos destinados a fastidiar al prójimo para hacerse notar.

En este Estado menguante y anoréxico, cualquier consejero autonómico tiene más poder real que esos ministros rodeados de parafernalia y pompa propias de un régimen que ya no existe, y cuya amortización sería un programa de higiene pública con gran atractivo reformista.

Nunca se llevará a cabo porque media la necesidad clientelar y peligra la misma esencia de la lid política. Porque una cosa es que los ciudadanos, airados ante la inacción y la torpeza, se quejen de que el Gobierno no existe, y otra, ciertamente revolucionaria, sería que descubriesen que es literalmente cierto.

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