(PD/Agencias).- Produce estupor y vergüenza ajena. El Gobierno ZP, que sigue negando haber hecho concesión alguna a ETA, a pesar del sonrojante comportamiento de las autoridades frente a De Juana, Otegi o ANV, ofreció a la banda pagar un sueldo de 1500 euros mensuales a cada terrorista que dejase de matar.
Eso, que revela Antonio Rubio en el diario El Mundo, fue una de las opciones que barajaron los enviados de Zapatero con los representantes de ETA, en sus reuniones del «proceso de paz».
Con el eufemismo de «paquete de reinserción», se decidió destinar la friolera de 300 millones de euros a esos vomitivos menesteres.
Antonio Rubio, periodista fino donde los haya y notable reportero de investigación, cita como fuente al CNI para concluir que la oferta concreta fueron 1500 euros de sueldo mensual. No aclara si antes o después de impuestos y tampoco si el presidente socialista tenía en mente añadir «pagas extras».
Se diseñó un plan que debía durar 10 años, para facilitar la «vuelta gradual a la vida normal» de los asesinos.
En cada uno de esos años, estaba previsto invertir unos 30 millones de euros.
Para dar mayor empaque al proyecto, se cuantificó el coste de los atentados de ETA, argumento que se iba a utilizar frente a la opinión pública, para ayudar a la gente a la ciudadanía a tragar una píldora tan amarga.
El telón de fondo de ese plan, era la idea de que en 10 años no quedaría asesino etarra alguno en las cárceles españolas y tampoco en las francesas.
En la actualidad se calcula que los reclusos de la banda terrorista son unos 610.
Los negociadores de ambas partes eran conscientes de que todos los presos no saldrían a la calle en la misma fecha y que se iría produciendo un goteo tras el fin de la violencia.
Fueron los presos de ETA los que más insistieron en que el plan de reinserción se produjera en un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que ninguno de ellos quedara fuera de él.
Para facilitar «administrativamente» la entrega del dinero, una de las sugerencias del equipo enviado por Zapatero fue que la banda terrorista se metamorfoseara en una especie de «fundación por la paz», a la que se irían entregando las distintas partidas.
Esa fórmula permitiría, con ayuda de la diplomacia oficial, que a los los fondos que proporcionaría el Estado español, sacados de los impuestos pagados por todos los contribuyentes, se pudieran sumar ayudas que se solicitadas a la Unión Europea (UE).
Todo ello, mediante «trucos» legales, como son la creación de empresas. cooperativas y clubes, en los que se colocaría a cuerpo de rey a los terroristas decididos a dejar de matar.
Los representantes del Gobierno ZP, según revela Antonio Rubio, facilitaron a los intermediarios de ETA un borrador con las líneas generales del plan de reinserción desarrollado por el CNI -que dirige el amigo de José Bono y perito de montes Alberto Sainz- y dieron cuenta de la predisposición de los empresarios vascos para recolocar a todos aquellos que dejaran las armas.
Los expertos en terrorismo del Ministerio del Interior calculan que «en estos momentos pueden haber unos 60 etarras operativos y dispuestos a actuar en cualquier momento y otros 150 que estarían huidos o exiliados en Sudamérica y otros países». Es decir, que en la nómina de ETA podrían haber unos 820 miembros de ETA entre operativos, presos, exiliados y huidos.
A finales del 2006 la Fundación Víctimas del Terrorismo presentó un trabajo donde indicaba que había un total de 276 miembros de ETA o colaboradores de la banda armada en situación de busca y captura.
Esa asociación también apuntaba a que, en el año 1996, Interior había calculado que los etarras que se encontraban viviendo en el extranjero, especialmente América y África, eran unos 500.
