La Audiencia Nacional investigará la denuncia del grupo Falun Gong contra el Gobierno chino

(Agencias / PD).- La Audiencia Nacional deberá investigar la querella que varios miembros de Falun Gong interpusieron en 2004 contra el líder chino Jia Qinglin -«número cuatro» en la jerarquía comunista- por supuestos delitos de genocidio y torturas, al estimar el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por este movimiento.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo ha acordado admitir el recurso de Falun Gong contra la decisión de la Audiencia de no admitir a trámite esta querella. El fiscal se había opuesto previamente a la admisión a recurso porque, según el fiscal se había opuesto por considerar que la justicia española no tiene competencias sobre estos asuntos dijo, «la jurisdicción española no es competente para el conocimiento de tales hechos».

Adoptado por mayoría

El acuerdo fue adoptado por mayoría y la sentencia, de la que únicamente se adelantó el fallo y de la que será ponente el magistrado Enrique Bacigalupo, se hará pública en los próximos días. La querella, en relación con la muerte de seguidores de este movimiento entre 1999 y 2002, fue presentada en septiembre de 2004 por quince personas contra Jia Qinglin, presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y ex secretario del Comité Municipal del Partido Comunista en Pekin.

Competencia española

El presidente, Juan Saavedra, y los catorce magistrados de la Sala de lo Penal se reunieron a puerta cerrada para deliberar sobre este asunto el pasado 20 de abril y acordaron celebrar una vista pública. La justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas.

Esta decisión estuvo motivada porque el recurso es anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que el año pasado estableció que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas. La sentencia del TC tiene su origen en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional en 1999 por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para que España investigara los crímenes de genocidio, asesinatos, torturas y detenciones ilegales presuntamente cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

Postura del fiscal

En la vista pública el representante del Ministerio Público argumentó que España mantenía con Guatemala «vínculos históricos, idiomáticos y sentimentales», cosa distinta a los «lazos puramente exóticos que nos ligan a países como China». No puede ser interpretado el principio de justicia universal sin restricción»No puede ser interpretado el principio de justicia universal sin restricción, ya que podría llegar a convertir a los tribunales españoles en justicieros universales y en último reducto de aquellas causas perdidas». Además, explicó que el Código Penal cita en el artículo referido al genocidio a los que tienen «propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» y Falun Gong «es una enseñanza respetable», pero «no puede asimilarse a un grupo religioso».

Postura de Falu Gong

Por su parte, el abogado de Falun Gong, Carlos Iglesias, sostuvo que la sentencia del TC «es aplicable al presente caso» y recordó que China no reconoce a la Corte Penal Internacional y tiene derecho de veto en la ONU. «Millones de personas están siendo perseguidas», señaló el letrado, quien visiblemente emocionado pidió «Justicia en nombre de los familiares de las personas que están siendo torturadas y asesinadas». Según la defensa de Falu Gong hay dos millones de practicantes de este movimiento en campos de trabajo

Según dijo, se estima que «casi 20.000 personas han sido asesinadas y actualmente dos millones de practicantes de este movimiento están detenidos en campos de trabajo».

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