(EFE / PD).- En esta ocasión no ha sido Nunca Máis. Tampoco ninguno de los intelectuales «verdes» que hacían causa cuando gobernaban otros. Ha sido la asociación de afectados «SÓS contra o lume» la que ha presentado seis demandas por responsabilidad patrimonial contra la Xunta de Touriño «por su nefasta y negligente gestión de la ola de fuegos del 4 al 14 de agosto de 2006».
Las demandas fueron presentadas el pasado día 6, un año después de los siniestros, de forma simbólica y sin intención de obtener beneficios con ellas, con el objetivo de que la «grave negligencia e imprevisión de la Consellería de Medio Rural no quede impune», según un comunicado facilitado en conferencia de prensa.
En caso de ser desestimadas por el departamento de la Xunta, se abriría de oficio un proceso judicial contencioso-administrativo, explicó Landín, quien añadió que «no se trata de judicializar los incendios, sino de que se reconozca que tenemos razón en todo lo que venimos diciendo».
La asociación de afectados por los incendios forestales del verano pasado en Galicia valoraron las pérdidas en más de 135 millones de euros, «sin contar daños directos e indirectos ambientales», y denunciaron que, con un 46 % menos incendios, la superficie quemada aumentó un 350 %, e incluso que «se inventó el número de focos por fuego, para justificar la incompetencia para apagarlos», pues «en diez días ardió la misma superficie que en los tres años anteriores».
Otras acusaciones de «SÓS contra o lume» se refieren a la «nefasta» gestión de la madera quemada y la ausencia de ayudas, pues «nadie cobró nada porque nunca hubo ayudas para el monte». En este sentido, el asesor técnico de la asociación, presente en la conferencia de prensa, Andrés Novo, dijo que desde hace dos años, con la entrada del actual Gobierno, no hay subvenciones para podas y rozas del monte.
Novo subrayó también que no se han realizado labores de prevención, aunque reconoció que «quizás se estén haciendo actuaciones carentes de rigor técnico en cuatro montes de amigos». Insistió en que, a pesar de gastar el doble, de 70 a 149 millones de euros, «en prevención, en el monte no se está haciendo nada».
Finalmente, criticaron que la Xunta había minusvalorado el problema y Galicia no pudo recibir ayudas europeas del Fondo de Solidaridad, por lo que -señalan en el comunicado- «el Gobierno gallego traicionó a este país», pues se impidió incluso que «eurodiputados que lo solicitaron visitaran Galicia».
