(Agencias / PD).- Un juez de Chiclana, Cádiz, se ha reafirmado en una orden de alejamiento, que dictó la semana pasada, en la que obligaba a una mujer maltratada y a su hija de tres años a abandonar su casa, en favor de su presunto agresor al que otorgó el uso de la vivienda.
El juez considera que el hombre no tiene ingresos suficientes para afrontar un alquiler y tampoco tiene familia en Chiclana, por lo que se vería «abocado a la marginalidad». La presunta víctima de malos tratos, a la que el juez ha instado a marcharse a casa de su madre, asegura que su pareja tiene un sueldo de 2.500 euros.
La delegada del área de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), María Luisa Guerra, aseguró hoy que «ni entiende ni consiente» la resolución dictada por el juez de la localidad gaditana. En un comunicado, la edil explicó que «no se entiende que sea la mujer agredida la que saga perjudicada en beneficio del presunto maltratador» y, por ello, los técnicos municipales se reunieron esta mañana con dicha mujer y su letrado para conocer los pormenores del caso.
En este sentido, consideró que «existen suficientes argumentos para reclamar un giro en la decisión judicial y, por eso, después de atender psicológicamente a la mujer, los técnicos se han personado en el Juzgado como testigos periciales, aunque finalmente no ha sido necesaria su aportación».
Finalmente, aseguró que el Ayuntamiento no puede «pasar por alto una decisión como ésta, en la que, pese a existir una orden de alejamiento, la mujer se va a ver obligada a vivir a menos de 100 metros de su agresor». Así, advirtió de que «quizá mañana las consecuencias sean mucho peores», sentenció.
Voces unánimes en contra de la sentencia
El presidente de la plataforma andaluza »Mujeres y hombres contra la violencia de género», Antonio Viruez, también consideró un «despropósito» el auto dictado por el Juzgado de Chiclana. Viruez criticó que el juez considere que quien debe quedarse en el hogar familiar es el denunciado, argumentando que «expulsarlo de su casa sería condenarlo a la más absoluta marginalidad», al carecer de familia en la localidad gaditana. «Si se considera hombre para pegar a su mujer también debería serlo para buscarse la vida», apuntó el presidente de la plataforma.
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), su coordinadora, Dolores Virués, también ha considerado como «desmesurado» el hecho de que se haya desestimado el recurso presentado por el abogado de la mujer. Virués aseguró que la sentencia «no es adecuada», ya que «se está victimizando doblemente a una víctima de violencia» y el hecho de que el juez «se ratifique en lo dicho nos llama poderosamente la atención».
