(PD/Agencias).- El juez Baltasar Garzón ha ordenado la detención del dirigente de Askatasuna Juan María Olano para que sea trasladado este martes a la Audiencia Nacional para celebrar una «vistilla» en la que el fiscal solicitará su ingreso en prisión.
El motivo es su reincidencia en delitos por los que ya está procesado y por vulnerar la suspensión de actividades de esa organización, declarada parte integrante del entramado de ETA.
Olano, que fue arrestado este domingo por la policía autonómica vasca por su participación en una manifestación en apoyo a los presos de ETA celebrada en San Sebastián y que fue prohibida en dos ocasiones por la Consejería de Interior del Gobierno vasco, sería arrestado si se le deja en libertad por el delito de desórdenes públicos y trasladado a Madrid.
El juez Garzón ha tomado esta decisión tras la petición realizada por la Fiscalía, que consideró esta mañana en un escrito remitido al juez que Olano había incurrido en una reiteración del delito de integración en banda armada ya que ha vuelto a realizar «los mismos hechos por los que en su día se formuló acusación en su contra» y ha infringido la prohibición de suspensión de actividades dictada en su día por este magistrado.
La Fiscalía indicaba que ha tenido conocimiento de la participación de Olano en los incidentes ocurridos en San Sebastián «como consecuencia de la celebración de diversos actos ilegales impulsados por la organización Askatasuna y encabezados por él» en apoyo a miembros de ETA y recordaba que Askatasuna es parte integrante del entramado etarra y elemento esencial de su estructura en el ámbito de las prisiones.
El escrito agregaba que Askatasuna tiene suspendidas todas sus actividades por orden judicial y que en el caso concreto de Olano se formuló ya acusación en su contra por su posible integración en el entramado de organizaciones utilizado por Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna como medio de «mantener el vínculo con sus presos e impartir órdenes e instrucciones a los mismos.
El dirigente de la izquierda abertzale se encuentra en libertad bajo fianza de 60.000 euros por su papel en Gestoras Pro-Amnistía, donde actuaba como portavoz, como consecuencia de su procesamiento en el sumario Gestoras-Askatasuna. Olano estaba integrado en el conocido como frente de makos y realizaba labores de apoyo a presos de ETA y refugiados, señalaba objetivos y ejercía labores de cohesión.
La Fiscalía solicitaba para él y otros 26 procesados penas de 10 años de prisión y 15 de inhabilitación por integración en organización terrorista.
Dado que Olano se encuentra procesado en este sumario, el juez ha comunicado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su intención de tomarle declaración mañana.
La Sección Cuarta tiene previsto juzgarle en fechas próximas por lo que es probable que se enfrente a la reiteración de delito en la que pudo incurrir ayer una vez se celebre la vista oral, según fuentes jurídicas. El dirigente de la izquierda abertzale también se encuentra
imputado en un segundo sumario, el abierto contra la ilegalizada Batasuna por su financiación a través de las conocidas como herriko tabernas.
Olano fue detenido en 2001 en Bayona (Francia) en cumplimiento de una orden de busca y captura dictada por Garzón que le procesó por pertenencia a banda armada a través de su actividad en Gestoras. Tras ser extraditado por Francia en 2003, Olano permaneció en prisión provisional hasta septiembre de 2005, cuando depositó la fianza de 100.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional para poder eludir la cárcel y que después se le rebajó a 60.000.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá 10 años de prisión por el delito de integración en ETA para Olano y otros 27 responsables de Gestoras pro Amnistía y solicitará la declaración de ilicitud y la disolución de esta organización. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Gestoras «es una de las estructuras que forman parte del entramado de ETA» y fue directamente financiada por la banda terrorista «al menos hasta 1991».
El fiscal sostiene que Gestoras ejerce el control del colectivo de presos de ETA, actúa como enlace entre los reclusos de la banda y la dirección de ésta, asegura «el sometimiento a la disciplina orgánica de ETA» de los encarcelados y convierte en objetivos directos de la organización terrorista «a las personas e instituciones a las que considera responsables de la situación de los presos».
