(PD / EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido nueve años de cárcel para el financiero Javier de la Rosa por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil al desviar presuntamente 27,4 millones de dólares en 1988, dentro de la denominada operación «Croesus«.
Al presentar su escrito final de acusación en el juicio oral que se sigue contra el financiero en la Audiencia Nacional, según han informado este lunes fuentes jurídicas, la teniente fiscal Belén Suárez Pantín ha pedido también cuatro años de prisión para el director financiero del grupo Torras, Miguel Soler, por el delito de falsedad en documento mercantil.
El Ministerio Fiscal ha expuesto que, a mediados de 1988, De la Rosa solicitó, sin consentimiento del consejo de administración del Grupo Torras, autorización para que en nombre de Torras Hostench SA, el grupo kuwaití KIO adelantara 27,4 millones de dólares (3.176 millones de pesetas) por un pago «de servicios rendidos» a la compañía española, sin que ello supusiese, posteriormente, «ningún beneficio ni provecho comercial» para esta empresa.
KIO autorizó este pago a Torras Hostench SA y lo consideró como un préstamo, pues una filial de Kuwait Investments Office en Holanda -Kookmeeuw Holdings BV- hizo una transferencia por 3.176 millones de pesetas a nombre de la sociedad Bigley, cuyo titular era Enrique Sarasola, ya fallecido, de la que salieron más de 5,99 millones de dólares (695 millones de pesetas) para De la Rosa, «sin que haya dado explicaciones de ello«, según el fiscal.
Posteriormente, Torras Hostench tuvo que devolver este préstamo a KIO y, para ello, se diseñó un esquema a través de la sociedad instrumental gibraltareña Croesus, a la que Torras Hostench London -la filial de la compañía española en el Reino Unido- le transfirió 25 millones de dólares (3.073 millones de pesetas) después de firmar un préstamo con el Banco Santander en septiembre de 1989.
Según el relato del fiscal, Miguel Soler obtuvo este préstamo con Torras Hostench SA como avalista y garante de la devolución hasta el total, por lo que pignoró unos pagarés por valor de 5.200 millones de pesetas (42,27 millones de dólares de la época). Para deshacer estas deudas, en 1990 Torras Hostench London devolvió estos 25 millones de dólares al Banco de Santander tras recibir el dinero del Grupo Torras, previo préstamo de la filial holandesa de KIO Koolmes por 40.000 millones de pesetas (325 millones de dólares). Mientras que el impago de la sociedad gibraltareña Croesus, en julio de 1991, se decidió amortizar con cargo a las reservas internas de Grupo Torras, cuando KIO tenía el 89 por ciento del capital social de la compañía personada en el juicio como acusación particular.
Precisamente, esta acusación reclamó por estos hechos penas de seis años de prisión para Plinio Coll, apoderado de Croesus; de ocho años para Richard Robinson, director de inversiones de KIO, y otros ocho para el ex consejero-delegado de Torras Jorge Nuñez, además de 12 años de cárcel para Javier De la Rosa y ocho para Miguel Soler.
Este juicio, que comenzó en julio pasado, se celebró después de que en 2006 el Tribunal Supremo estimase un recurso presentado por la acusación particular del Grupo Torras, a varios de cuyos puntos se sumó la Fiscalía Anticorrupción, contra la prescripción de estos delitos, motivo por el cual no había sido juzgada la operación Croesus junto con la de ICSA-Impacsa en 2003.
Al decidir el alto tribunal la no prescripción de estos delitos abrió la puerta para que se celebrase la cuarta vista en la Audiencia Nacional por diferentes casos relacionados con el grupo Torras, ya que han sido juzgados, además de ICSA-Impacsa (2003), las operaciones Wardbase (2004) y las denominadas Quail-Acie y Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria (estas dos últimas hace un año en la misma vista en 2006).
Pese a ser exculpado de las operaciones Acie y Prima Inmobiliaria, De la Rosa ha sido condenado a siete años de cárcel por Pincinco-Oakthorn y Quail, después de otras sentencias en su contra por las operaciones Wardbase (cinco años de cárcel) e Icsa-Impacsa (tres años).
El juicio se reanudará el próximo 22 de octubre con los informes finales de las defensas.
