La Ley de la Memoria Histórica propone indemnizar a algunos terroristas de ETA

(PD).- Es una ley que Zapatero se sacó de la manga con un propósito claro. La excusa de «la memoria» ha servido para volver a poner sobre la mesa la historia más negra. Pero hay más. La Ley de Memoria Histórica quiere eleminar cualquier vestigio del franquismo de las calles, pero olvida eliminar los homenajes a etarras. No sólo eso. Esa misma ley, para escarnio de sus víctimas, propone que determinados etarras cobren indemnización.

Lo que más sobresalió, tras la Comisión, fue que el PP había aceptado «despolitizar» de forma «absoluta» el Valle de los Caídos, recinto que a partir de ahora tendrá entre sus objetivos «honrar y rehabilitar la memoria» de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió.

Este es el contenido de una enmienda transaccional de CiU a la Ley de la Memoria Histórica, cuyo articulado ha sido aprobado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso con el apoyo del PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y grupo mixto y que pasará ahora al pleno de la Cámara Baja.

Junto a esta enmienda, la Comisión aprobó también con los votos de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP, la posibilidad de que los hijos y nietos de los exiliados tras la Guerra Civil puedan solicitar la nacionalidad española, un derecho que se extiende también a los miembros de las Brigadas Internacionales.

El resto de la Ley -22 artículos y otras siete disposiciones adicionales- ha sido aprobado con los votos del PSOE e IU-ICV, el apoyo crítico del PNV, CiU y parte del grupo mixto, y el rechazo frontal del PP y ERC.

Pese a todo, el grupo popular sí apoyó finalmente aquellos puntos de la norma en los que se mejoran las ayudas y prestaciones para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

¿A QUE SE OPONE EL PARTIDO POPULAR?

En primer lugar, a un artículo 10 que abre la puerta a una indemnización de 135.000 euros a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, según cuenta Esther L. Palomera en La Razón.

«Su oposición no tiene que ver con el contenido del artículo, sino con la negativa del PSOE y las minorías a cerrar la puerta a los etarras y sus herederos a esta ayuda. Los populares defendieron una enmienda que pedía expresamente que «quienes emplearan el terrorismo y cualquier forma de violencia» fuesen excluidos de este artículo».

Ningún grupo apoyó su propuesta. «Se da la circunstancia de que el artículo fija la fecha para percibir las ayudas en 1968, el mismo año en que se produjo la primera víctima mortal de ETA, después de que tras un tiroteo con la Guardia Civil falleciese el etarra Txabi Etxebarrieta«.

En su intervención, el portavoz del PP Jorge Fernández Díaz ha insistido en que se trata de una ley «sectaria» que «dinamita» el consenso constitucional alcanzado en la Transición.

«Una de las dos Españas vuelve a helarnos el corazón».

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