(EFE / PD).- La Fiscalía del TSJA ha pedido que se decrete el «inmediato archivo» de las diligencias previas abiertas contra cuatro investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada, que fueron denunciados por un delito de manipulación genética, ante la «falta de relevancia penal» de los hechos.
En su escrito, presentado en el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que investiga el caso, el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, señala que «los hechos carecen de trascendencia penal» y que, por tanto, procede archivar la causa. En su resolución, Calderón señala además que no debe tener lugar la práctica de diligencias probatorias solicitadas, ni tampoco la medida cautelar de suspensión de la actividad de los científicos que había sido reclamada en la denuncia.
El fiscal ha emitido un dictamen después de estudiar el marco normativo existente al respecto y, como ya hiciera en ocasiones anteriores con casos similares, ha defendido el archivo de las actuaciones, sobre las que ahora deberá pronunciarse la juez.
García Calderón defiende en su resolución que las técnicas denunciadas se amparan en una norma general que encuentra su origen en la propia Constitución Española. Además, hace menciona hasta 16 normas de carácter comunitario, estatal o autonómico como «marco legal básico» para estas investigaciones; así como la más reciente Ley de Investigación Biomédica aprobada por el Congreso.
El fiscal añade también que la denuncia se limita a manifestar su enérgica contrariedad con una normativa que ha sido dictada por el legislador con todas las garantías. Por ello, «no cabe ni siquiera valorar» la posible existencia de otras formas de responsabilidad penal a las que hace referencia la denunciante, como aborto, lesiones al feto o contra la integridad moral.
Apoyo de la Junta y el Ministerio de Sanidad
Esta investigación judicial partió de un Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela, donde una mujer vinculada a organizaciones antiabortistas presentó una denuncia dirigida contra cuatro científicos del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada, entre ellos el actual director, Pablo Menéndez, y su antecesor en el cargo, Ángel Concha, así como otros dos investigadores más, un hombre y una mujer.
En su denuncia, esta particular, Carmen Areoso, sostenía que investigar con preembriones es anticonstitucional y supone un atentado contra la vida. Areoso habría interpuesto en total siete denuncias contra experimentos llevados a cabo con embriones que se desarrollan en distintas ciudades españolas, además de Granada, Valencia o Barcelona. Aunque hasta la fecha sólo la causa granadina ha sido admitida a trámite por un juzgado.
Tanto el ministro de Sanidad, Bernat Soria, fuertemente vinculado al proyecto de la Junta de Andalucía de investigar con células madre desde el año 2002, como la consejera andaluza de Sanidad, María Jesús Montero, han mostrado desde el principio su apoyo a los cuatro científicos denunciados.
Los responsables de la administración central y autonómica han destacado desde que se conoció la apertura de diligencias que los investigadores estaban amparados por el marco legal vigente en España sobre investigación biomédica. Desde la comunidad científica se achaca la denuncia a presiones de tipo religioso procedentes de grupos antiabortistas.
El Ministerio Fiscal se ha decantado por analizar con prontitud la denuncia «habida cuenta su evidente repercusión social y la perturbación que puede suponer en el normal desarrollo de la investigación biomédica en cuanto no comparte, en modo alguno, las distintas pretensiones expuestas por la denunciante».
