Condenan a Julián Muñoz a nueve años de inhabilitación

(EFE / PD).- El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex ediles han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga a nueve años de inhabilitación y veinte meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por conceder tres licencias para viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Los ex concejales que han sido condenados junto a Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística con la atenuante de dilación indebida son Pedro Román Zurdo, Mario Jiménez Notario, María Luisa Alcalá y Rafael González, según han informado fuentes judiciales.

Además, a los ex ediles María Dolores Zurdo y Manuel Calle se les condena como autores de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de catorce meses de multa con una cuota diaria de 15 euros a la primera y de 7 euros al segundo.

El magistrado explica en los fundamentos de derecho que la «complejidad del asunto, el número de acusados, los cambios de defensa y los recursos interpuestos han determinado que la causa haya tardado en enjuiciarse algo más de siete años», y por ello admite la atenuante de dilación indebida.

Según la acusación, los implicados otorgaron como miembros de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella tres licencias, una en febrero de 1997 y dos en marzo de 1998, para viviendas unifamiliares en terrenos que estaban calificados como rústicos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, y como no urbanizables en el plan de 1986.

El escrito de acusación recogía que las licencias fueron otorgadas obviando la normativa jurídica existente en ejecución de convenios particulares entre el Ayuntamiento y los interesados, antes de que se incorporaran al PGOU.

Durante el juicio, Manuel Calle dijo que las actas de las comisiones de gobierno «estaban llenas de falsedades» y responsabilizó al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes porque «decía que el expediente llevaba todo lo que tenía que llevar» e indicaba si era favorable o no su aprobación, tras lo que la comisión seguía su consejo. Según Calle, hay informes que se han incluido con posterioridad en los expedientes de comisiones anteriores, «sin haber sido remitidos por el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento -Jorge González- y sin saber quién lo ha hecho».

Por su parte, Rafael González ratificó las palabras de Calle y aseguró que Barrantes presentaba los informes «como conclusos», aunque en algunos de ellos faltaran informes técnicos y jurídicos, por lo que se aprobaban.

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