(PD / EFE).- El 9 de octubre de hace siete años ETA asesinó al fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, en la puerta de su casa. El etarra que ordenó el atentado no estaba seguro de si el plan había salido según lo esperado y tuvo la indecencia de llamar a su casa para confirmar si había muerto. El hijo del asesinado, Daniel portero, lo ha asegurado en el juicio.
Daniel Portero ha comparecido como testigo en el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia Nacional y que ha sentado en el banquillo de los acusados al ex dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi, quien presuntamente ordenó el atentado contra el fiscal.
Según el testigo, las semanas anteriores a su muerte, Luis Portero «estaba muy preocupado y nervioso» porque «le habían denegado la defensa personal que él había solicitado al conocer que era objetivo de ETA«.
También han comparecido los dos miembros del «comando Andalucía» (Jon Igor Solana y Harriet Iragi) que actualmente cumplen condena por ser los autores materiales del asesinato.
Ambos han asegurado que no conocían a Olarra en el momento en que integraban el comando y que sus declaraciones ante la Policía -en las que señalaron al procesado como la persona que, desde Francia, les dió las órdenes, los objetivos y la documentación para llevar a cabo los atentados en España- carecen de validez porque «fueron efectuadas bajo torturas«.
En su informe de conclusiones finales, el fiscal Juan Moral ha mantenido su petición de pena de 30 años de prisión para Olarra Guridi al considerarle el inductor del asesinato.
El representante del Ministerio Público ha argumentado que el tribunal debe recoger en su sentencia condenatoria el «nulo valor» de las acusaciones de malos tratos de los etarras que han comparecido en el juicio porque las lesiones que presentaban, ha añadido, «son fruto del forcejeo» al ser detenidos por la Policía.
El ex dirigente etarra acumula cientos de años de condena
También ha solicitado que Olarra indemnice a la mujer y a los cuatro hijos de Portero con 750.000 euros.
Iragi y Solana fueron detenidos en Sevilla el 16 de octubre de 2000, una semana después del asesinato de Portero, tras una persecución por las calles de la capital andaluza iniciada inmediatamente después de que cometieran el atentado que costó la vida al coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos.
A Olarra le entregaron temporalmente las autoridades francesas el pasado 17 de julio para ser juzgado, entre otras causas, por este asesinato y por el atentado contra una furgoneta de la Armada en el barrio madrileño de Vallec
