El juez Torres archiva la causa contra Ana Cristina Placer en el ‘caso Tabacalera’

El juez Santiago Torres ha ordenado el archivo de la causa abierta contra Ana Cristina Placer, al decretar la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado en su momento contra la mujer del empresario César Alierta, por un presunto delito de un delito de uso de información privilegiada, según informa EFE.

En el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado comparte criterio con el Ministerio Fiscal y dicta el sobreseimiento de la causa, en contra de lo que había solicitado la acusación popular ejercida por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE).

Por otra parte, en el mismo auto, el juez Santiago Torres da diez días a las defensas de César Alierta y su sobrino Luis Javier Placer para que aporten «cuantas pruebas consideren oportunas» para explicar este caso que se remonta al año 2002, pese a que la operación se desarrolló en 1997, hace más de diez años.

Las acusaciones aseguran que César Alierta y su sobrino se aprovecharon, en 1997, la disponibilidad de información privilegiada para invertir 2,4 millones de euros en unas 50.000 acciones de Tabacalera.

La posterior venta del paquete accionarial, a través de la sociedad Creaciones Baluarte, reportó presuntamente a los acusados unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas (1,86 millones de euros), después de que los títulos de Tabacalera registraran la citada revalorización.

Sin embargo, los hechos fueron investigados de oficio por la CNMV y archivados, tras no hallar este organismo especializado en mercado de valores irregularidad alguna en las actuaciones.

Pese a que concluyeron en archivo ésta y otras investigaciones como realizadas por la Fiscalía General del Estado (2002), el Juzgado número 32 de Madrid (2003) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006), el Tribunal Supremo decidió, en julio de 2007, anular el archivo del caso decretado por la Audiencia Provincial de Madrid.

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