(PD).- La Asociación Profesional de Abogados y Juristas de la Comunidad Valenciana se ofrece a defender al candidato popular en el proceso abierto contra él por la vicepresidenta del Gobierno.
María Teresa Fernández de la Vega, cabeza del cartel socialista por Valencia, continúa sembrando la polémica. Tras anunciar que ha presentado una demanda contra su oponente del PP, Esteban González Pons, por una supuesta intromisión en su honor, la Asociación Profesional de Abogados y Juristas de la Comunidad Valenciana se posiciona en contra de la vicepresidenta del Gobierno y ha ofrecido al portavoz popular en las Cortes valencianas defensa jurídica para todo el proceso judicial que se produzca.
El presidente de dicha asociación de letrados, Enrique Fliquete, ha anunciado que asumen esa tarea por el precio simbólico de un euro. «Jurídicamente una persona no puede estar o declararse empadronada en un lugar diferente al de su domicilio habitual», manifestó Fliquete antes de añadir que «para proceder al empadronamiento en un municipio debe afirmarse por escrito que el solicitante tiene residencia efectiva en el mismo».
De esta manera, los letrados valencianos ponen en duda todo el proceso legal del empadronamiento de la vicepresidenta del Gobierno en el pequeño municipio de Beneixida. Un empadronamiento que se produjo días después de confirmarse que ella sería la candidata del PSOE por Valencia.
El hecho levantó cierto revuelo y especulaciones políticas y mediáticas. Y ahora De la Vega ha puesto en manos del abogado valenciano Francisco Blanco las informaciones que se publicaron esos días sobre el caso. Entiende la demandante que las críticas de González Pons a su empadronamiento hacían alusión a «irregularidades urbanísticas», por lo que considera que el futuro diputado en el Congreso atentó contra sus derechos de «protección y tutela del derecho al honor por intromisión».
El respaldo de los abogados valencianos a Esteban González Pons se producen en un momento delicado para la vicepresidenta del Gobierno porque, tal y como publicó Elsemanaldigital.com, la demanda no ha sentado bien dentro del propio PSOE valenciano. Amplios sectores rechazan la consideran un «error estratégico» y ponen encima de la mesa el «mal efecto» que le produce al ciudadano que se judicialice la campaña electoral. Además, dicen los propios socialistas consultados, «evidencia un nerviosismo de la candidata nada favorable».
