(PD).- La Sala del 61 del Tribunal Supremo ya tiene en sus manos las demandas de ilegalización contra PCTV y ANV presentadas tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, es decir por el Gobierno de Zapatero. Mientras los magistrados estudian su admisión a trámite y comienza el estudio de las pruebas, es hora de hacer recapitulación. Mentiras, engaños y falta de altura política. «Un gobernante que mastica los principios como un chicle no es fiable.»
Este viernes, por fin, parece que el proceso de ilegalización del brazo político de ETA comienza a ver la luz. Después de una actuación política, ayudada con sus peones en la justicia, llevada a cabo por el Gobierno socialista para tratar de que su fracasa política antiterrorista no les supusiera mucho desgaste electoral, las demandas contra el PCTV y ANV ya están en manos del Supremo.
Es previsible que el Alto Tribunal fije también el procedimiento a seguir respecto de las medidas cautelares dirigidas a impedir que ambos partidos concurran a los comicios del 9-M.
Durante esta jornada, además, el Ministerio Público pedirá previsiblemente al juez Baltasar Garzón que decrete la suspensión de actividades del PCTV y de ANV por su sumisión a Batasuna, tal y como hizo en 2002 con esta formación antes de que el Tribunal Supremo la ilegalizara en 2003.
Ahora, y mientras su señorías debaten sobre la admisión a trámite de la demanda de ilegalización, es hora de recapitular lo que han sido estos cuatro años de «proceso».
Ignacio Camacho, en su columna de ABC, hace un recordatorio de lo que ha significado la política de Rodríguez Zapatero respecto a ETA que, de nuevo acertadamente, titula «En Suma».
«En su paulina y electorera caída del caballo de la miopía política, el Gobierno ha descubierto de repente que ANV es, «en suma» (sic), la candidatura de ETA. Pero la contundente aritmética de la abogacía del Estado no era tan clara hace bien pocos meses, cuando las terminales jurídicas de Zapatero en vez de sumar las evidencias de los informes policiales restaban del entorno etarra a los hombres de paz y les salía de la sustracción la «izquierda abertzale», con la que el PSOE se reunía clandestinamente en Loyola y a plena luz en San Sebastián».
«De aquella resta de conveniencia extrajo Garzón la doctrina coyuntural para hacer la vista gorda a ciertas reuniones batasunas, y surgió el filtro selectivo que dejó pasar en las municipales según qué candidaturas filoterroristas. Este Gobierno, como los niños de la Logse, tiene problemas con las matemáticas, y maneja sin reglas los sumandos, las diferencias y hasta las deducciones, que no son sólo un concepto fiscal, sino también lógico».
Sigue Camacho:
«Y la lógica lo que deja ver con cristalina claridad es que cada paso que el Gobierno da ahora en la dirección correcta señala hasta qué punto y con qué conciencia se ha movido antes en la equivocada. Ha llovido mucho desde que Fraga dijo en los años ochenta aquello de que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican, pero Zapatero se empeña en actualizar el argumento con piruetas de un contorsionismo clamoroso que pulveriza su sinceridad. Porque cuando el poder es capaz de retorcer a su antojo las leyes aplicándoles un criterio meramente relativista, nada garantiza que no lo vuelva a hacer en sentido contrario si las circunstancias propician un cambio de estrategia. Simplemente, ha perdido la credibilidad entre cabriolas de oportunismo».
«El mensaje que esta farsa envía a la sociedad resulta confuso, desalentador e irresponsable, porque sitúa a la justicia como una marioneta del Estado, que es lo que piensa el nacionalismo victimista. Lo que han hecho el presidente y sus pretorianos togados es darle la vuelta como un calcetín a una casuística interesada para adecuarla sin tapujos, y con total desprecio de la sensatez de la opinión pública, a las necesidades políticas de cada momento. Y eso es un modo como otro cualquiera de maltratar el Derecho y subvertir el imperativo legal a la razón de la coyuntura política. En suma, un dislate».
Y concluye el análisis:
«Todas estas bruscas contradicciones y componendas, tan desvergonzadas, tan explícitas, erosionan la confianza ciudadana y provocan recelo sobre la posibilidad de que en el futuro se vuelvan a producir contorsiones tácticas a medida de cualquier nuevo giro político. Zapatero no sólo ha incumplido reiteradamente su palabra en todo lo que tenía que ver con el «Proceso», sino que ha perdido toda legitimidad para merecer crédito. Después de este indisimulado apaño ya no se sabe cuál es su verdadero criterio respecto a etarras y batasunos, si el benevolente de hace unos meses o el estricto de ahora, o simplemente si carece de otro criterio que el de su propia utilidad y provecho. Y un gobernante que mastica los principios como un chicle no es fiable. En suma».
