(PD/Agencias).- Toca ahora ser los adalides de la lucha antiterrorista. Ahora la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que rechace el recurso de Batasuna.
En un escrito remitido al TEDH después de que éste declarara «parcialmente admisibles» las demandas de HB y Batasuna, el Gobierno dice que, «para salvaguardar el Estado de Derecho (…), el Estado español está obligado a evitar las violaciones de derechos fundamentales que se producen como consecuencia del clima de terror generado por la organización terrorista ETA».
Añade que «diversas organizaciones surgidas por designio de dicha organización terrorista o utilizadas por ella bajo su completo control» contribuyen a la «existencia, pervivencia y amplificación» de ETA, que pretende perpetuar la situación de violencia «utilizando distintas coberturas de apoyo político ya en forma de partidos, ya en forma de agrupaciones de electores».
En este sentido, los servicios jurídicos del Estado dicen que «es indudable que la actitud del partido político disuelto (…) ha contribuido a deteriorar las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, el pluralismo y las libertades políticas», utilizando la violencia para la consecución de sus fines y justificando o exculpando los atentados.
Recuerdo de atentados y víctimas
El abogado del Estado recuerda el atentado de la T-4 de Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en Francia y dice que «sigue siendo obligado, precisamente para preservar el sistema democrático y las libertades, impedir que aparentes instrumentos participativos amplifiquen y justifiquen, desde las instituciones, el efecto intimidatorio que ETA ejerce sobre la sociedad».
Tras sostener que HB, EH y Batasuna «son en realidad una única organización» controlada por ETA, el Gobierno recuerda que después de su disolución se han producido intentos de dar continuidad a estas formaciones y advierte de que «la reacción del Estado frente a los intentos de defraudar la ley ha dado y dará lugar a nuevas sentencias y, eventualmente, a nuevas demandas ante el Tribunal».
Los servicios jurídicos del Estado piden al TEDH que tenga en cuenta las manifestaciones de los responsables de Batasuna en relación con ETA y recuerda que «la libertad de expresión no ampara las incitaciones a la violencia o el respaldo de la misma». «En España la defensa y consecución de cualquier objetivo político es admisible, lo que no es admisible es el empleo de la violencia para lograrlo, con independencia de cuál sea», añade el escrito.
En este sentido, el Gobierno recuerda que en España existen «no pocos partidos independentistas que desenvuelven su actividad sin obstáculo alguno», que buena parte de ellos son del País Vasco y participan en las instituciones y ejercen responsabilidades de Gobierno.
«Ante esta realidad obvia, resulta imposible compartir que las demandadas pretendan explicar el proceso de ilegalización de Batasuna como un intento de cercenar la libertad de expresión del independentismo vasco, que de hecho se expresa libremente cada día», dice el abogado del Estado, que agrega que es el «apoyo sistemático» a la violencia terrorista el único motivo de la ilegalización.
