Iberdrola se persona también en el expediente abierto por el Tribunal Europeo contra EDF

(PD / Agencias).- La eléctrica española Iberdrola se personará tambien ante el Tribunal Europeo por el expediente judicial abierto contra la francesa EDF.

Esto ocurre días después, de que la compañía decidiese personarse en el expediente anterior, este por vía administrativa, y de su presencia en la demanda contra el propio estado francés.

La batería de medidas dispuesta por Iberdrola para hacer frente al «acoso» accionarial de EDF no va terminar en la denuncia formulada contra el Estado francés por el blindaje que mantiene sobre el gigante energético. Según ha podido saber este periódico, la compañía que preside Ignacio Galán va a personarse oficialmente en el expediente abierto el pasado mes de julio por la Comisión Europea contra EDF por abuso de posición dominante.

Iberdrola considera que las prácticas restrictivas de la multinacional gala tienen por objeto la exclusión de competidores del mercado, lo que se traduce en un grave perjuicio para los consumidores, que no pueden beneficiarse de precios más reducidos o de mayor calidad.

La Comisión Europea tiene abierta una investigación al respecto y ha solicitado información a las compañías eléctricas europeas. Dentro de este marco de actuación, Iberdrola ha señalado a las autoridades de Bruselas su deseo de colaborar activamente para poner coto a las actuaciones de EDF.

La personación de Iberdrola en el expediente de Bruselas puede ser incluso más efectivo que la denuncia contra el Estado francés. La Comisión Europea se limitó ayer a confirmar que, efectivamente, el departamento del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha recibido el escrito de Iberdrola contra EDF que será «estudiado convenientemente».

La multinacional gala no tardó en reaccionar y su presidente, Pierre Gadonneix, ha restado toda trascendencia a la denuncia señalando que la actuación de Iberdrola «no tiene sentido» por cuanto que EDF no ha tomado ninguna decisión sobre una posible inversión en España que, en su caso, deberá ser aceptada por las autoridades públicas en nuestro país.

Lógicamente, Ignacio Galán quiere anticiparse a los acontecimientos con la certeza de que más vale prevenir que curar y de ahí su posición descarada en contra del llamado «national champion» galo. La denuncia contra el Estado francés puede prosperar o no, pero la personación en la investigación por abuso de mercado responde a un expediente de la propia Comisión Europea que pone en tela de juicio todo el proyecto de expansión de EDF en el mercado energético europeo.

Tímida reacción de España

El Gobierno español se ha visto también concernido por la denuncia de Iberdrola, aunque la réplica esbozada ayer también por el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, fue más bien tímida. Según dijo el representante español en Bruselas, «el hecho de que la empresa francesa esté controlada en su mayoría por el Estado es injusto pero legal». En realidad, Iberdrola no ataca la naturaleza de EDF como empresa pública, sino la vulneración del Tratado de Roma en la medida en que el Gobierno francés se reserva de por vida el control sobre un 70% de las acciones de EDF. Esta singularidad imposibilita la libre circulación de capitales y el libre establecimiento societario de cualquier potencial inversor en el accionariado de la compañía gala.

Ignasi Nieto puntualizó que la compra de acciones de Iberdrola por EDF, si se produce, será estudiada «bajo los criterios de que se mantenga la competencia y se garantice el suministro, que son las dos principales premisas que le preocupan al Gobierno, ya que, por lo demás, se trata de la actividad del sector privado».

La CNE dice «no» a Iberdrola Por otra parte, tal y como estaba anunciado, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) rechazó ayer la pretensión de Iberdrola para que se suspendan todos los derechos políticos de ACS en el capital de la compañía eléctrica. Iberdrola basaba esta petición en la presunta entrada de EDF en su accionariado a partir de un acuerdo de connivencia con la propia ACS.

El consejo de administración del organismo regulador no ha dado por buena la inversión del gigante francés que, de momento, es sólo una hipótesis. No obstante, la CNE acordó ayer poner en marcha un nuevo procedimiento para el seguimiento y control de los requisitos impuestos en su día a ACS como contrapartida para ejercer sus derechos de voto ante la junta general de accionistas de la compañía que preside Ignacio Galán.

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