(PD / EFE).- La jueza responsable del Registro Civil de Dénia, Laura Alabau, ha denegado nuevamente la solicitud presentada por una pareja de homosexuales británicos para contraer matrimonio, según han informado fuentes de la Fiscalía de Alicante, que han anunciado que recurrirán esta decisión.
Esta es, al menos, la cuarta petición de unión entre parejas extranjeras rechazada por la magistrada alicantina, que en las tres ocasiones anteriores justificó su decisión alegando que en el país de origen de los contrayentes no está reconocido el matrimonio entre homosexuales. .
Alabau fue sancionada en mayo de 2007por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial con una multa de 305 euros por vulnerar dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial al criticar al Gobierno en un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La magistrada presentó junto a un juez de Canarias un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de matrimonio homosexual que finalmente fue desestimado.
La Fiscalía de Alicante ha recibido la notificación de la negativa de la jueza a autorizar este matrimonio y ha confirmado que recurrirá el auto ante la Dirección General de Registros y Notariados. La Fiscalía recuerda que una resolución anterior dictada por este organismo estableció que no había «obstáculos» para celebrar las uniones, e instó a la jueza a acatar dicha decisión.
«Homófoba y discriminatoria»
El colectivo gay Alicante Entiende ha exigido este viernes la «inmediata dimisión» de la jueza. La asociación califica en un comunicado de «clara homofobia institucional» la postura de la magistrada y define como «lamentable» y «triste» que se produzcan estos hechos.
La asociación de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales de Alicante Decide-T considera «sexista, homófoba y discriminatoria» la actitud de Alabau.
El coordinador de la asociación, Manuel Velandia, considera «preocupante» que la jueza adopte esta actitud, «vulnerando los derechos de una pareja homosexual», y ha pedido que en esta ocasión se le imponga una sanción superior a la anterior, «no en el montante económico, sino en la cuestión legal», por «la vulneración de derechos fundamentales y el daño emocional» que su decisión supone.
El coordinador de Decide-T ha recordado la resolución de la Dirección General de Registros en la que se «decía que ella no podía poner obstáculos a los matrimonios entre personas del mismo sexo».
Críticas al Gobierno
Alabau recurrió en julio de 2005 ante el Tribunal Constitucional la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y paralizó un expediente solicitado por dos mujeres. El Constitucional resolvió a finales de ese año que los encargados de los Registros Civiles cumplen una función administrativa y no jurisdiccional, por lo que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la magistrada.
El 14 de febrero de 2006, otra pareja homosexual solicitó en el Registro Civil de Dénia autorización para contraer matrimonio, petición que la jueza rechazó porque los solicitantes eran británicos y debían casarse conforme a su ley nacional, que no es «equiparable, en modo alguno -argumentó Alabau-«, a la norma española. En mayo de 2006, Alabau rechazó la unión de otra pareja extranjera afirmando, como en el caso anterior, que en su país de origen no estaba reconocido.
Ese mismo mes, el Ministerio de Justicia pidió al Consejo General del Poder Judicial que adoptara «las medidas correspondientes» respecto a ciertas críticas al Gobierno por parte de Alabau en un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En dicho escrito, la jueza se quejaba de haber sufrido «una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno» y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación a los matrimonios homosexuales- «una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos».
En noviembre de 2006 la comisión disciplinaria del CGPJ acordó abrir expediente disciplinario a la jueza por la posible comisión de una falta grave y otra leve de dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, la citada Comisión resolvió, en mayo del pasado año, sancionar a Alabau con una multa de 305 euros por una falta grave y con una advertencia por la comisión de una falta leve.
