La rebelión de los jueces contra Cándido Conde-Pumpido

(PD).- La instrucción dictada por Cándido Conde Pumpido, en la que advierte que los fiscales «podrán ejercer la dirección de la Policía Judicial», aunque exista un juicio en curso, y que están facultados para practicar diligencias sobre aspectos concretos de una investigación judicial, tuvo ayer una contundente respuesta por parte de los jueces de la Audiencia Nacional.

La Junta de Jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se reunió ayer para rechazar cualquier diligencia practicada por el fiscal que no haya sido solicitada y ordenada por el juez de instrucción, porque es contrario a la ley que el Ministerio Público ordene investigar a la Policía Judicial cuando hay una causa abierta, según informa Efe.

Así de taxativa se mostró la Junta de Jueces, en la que participaron cuatro de los seis jueces de instrucción del tribunal, que fueron Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, Fernando Andreu y Fernando Grande-Marlaska. Las ausencias han sido las de Ismael Moreno, que se encuentra de vacaciones, y Juan del Olmo, que está en París con un permiso de estudios, según informa ABC.

Los magistrados han consensuado un acuerdo en el que subrayan que esta medida es «contraria» a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque, argumentan, el párrafo final del artículo 773.3 del citado texto legal «es claro y contundente», ya que se dice que «cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos».

Los jueces consideran que las diligencias practicadas al amparo de esta instrucción «podrían estar afectadas de nulidad» por quebrantar, no sólo el principio de legalidad, sino los de contradicción y defensa procesal, «propiciando investigaciones paralelas, sin control judicial y con riesgo grave de solapamiento» de la investigación que dirige el juez instructor. La Junta de Jueces decidió comunicar ese acuerdo a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial y a las Juntas de Jueces de toda España, además de al propio Ministerio Fiscal.

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