Trillo culpa ante el juez a la cúpula militar de la responsabilidad del Yak

(PD).- El ex ministro de Defensa Federico Trillo ha declarado que la responsabilidad de la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 causando la muerte a 62 militares, fue del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y que él no tuvo ninguna competencia en este asunto, según la declaración escrita que remitió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado día 14 y que hoy ha sido puesta a disposición de las acusaciones particulares, constituidas por los familiares de los fallecidos en el accidente.

Federico Trillo, que se acogió al derecho a declarar por escrito que tiene como ex ministro tras ser citado como testigo, ha contestado a las preguntas que le hizo llegar el juez en un cuestionario que consta de 23 páginas.

El siguiente en declarar como testigo en la causa, que se ciñe exclusivamente a la parte de la contratación del avión, será el sucesor de Trillo al frente del Ministerio de Defensa, José Bono, que hoy ha sido citado para el próximo 3 de abril a las 10.00 horas.

Su comparecencia, prevista en principio para el pasado 18 de febrero, fue retrasada sin una fecha determinada hasta que el juzgado recibiera el testimonio de Trillo, lo que ya se ha producido.

Además de Bono, falta por testificar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, quien ha solicitado declarar en Londres, su ciudad de residencia, petición sobre la que el juzgado aún no se ha pronunciado.

El juez ya ha tomado declaración a cuatro mandos militares, al ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, al entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.

Fernando Grande-Marlaska investiga el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en la parte relativa a la contratación del aparato, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que él mismo había archivado el pasado junio.

Igualmente archivó las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, también en contra del criterio de la Fiscalía, que ha recurrido esta decisión ante la Sala porque considera que el equipo militar forense que realizó las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.

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