Sin elecciones de por medio, los malos datos de la economía española y la difícil situación que atraviesa ya no se esconden. La preocupación en el Ministerio de Economía ha tomado cuerpo debido a la gravedad de las cifras que se conocen cada día. El aumento del paro, de los precios y el enorme gasto comprometido en la campaña electoral dificultan una salida rápida a la crisis.
Esto no hay por donde cogerlo. Y la situación va a empeorar”, comentaba
hace unos días un técnico del Ministerio de Economía. Pero esta frase se la habrá escuchado usted a mucha gente, ya sea en un bar, en un taxi, en el autobús o en el mercado. La amplitud de la sensación de que las cosas van mal, pero irán a peor, es lo que asusta al Ministerio de Pedro Solbes, quien ha negado la situación de la economía española durante los últimos meses por la presencia de las elecciones generales. Desde el Partido Popular se tacha de irresponsable al ministro alicantino, ya que “se ha perdido un tiempo precioso para tomar medidas contra la crisis, sólo porque estaban las elecciones al lado y no querían perderlas», comentan en la sede del PP.
Tanto Pedro Solbes como José Luis Rodríguez Zapatero negaron que la crisis existiera, pero ahora ya no pueden esconder la realidad económica.
Los datos son espectaculares. El consumo se ha ralentizado alarmantemente y lo notan las empresas de todos los sectores. Desde la alimentación a la industria pesada.
Los pedidos industriales se frenan ante el miedo de que la crisis impida vender aquello que estaba previsto. Los bancos tienen como objetivo captar depósitos y endurecer las condiciones de créditos, tanto hipotecarios como de consumo. Y el Estado también lo está sufriendo.
Tanto sus arcas como las de las comunidades autonómicas y los ayuntamientos. El agujero en sus ingresos es enorme. Hasta el punto de que muchos responsables de Hacienda están en estos momentos revisando a la baja previsiones de recaudación aprobadas hace escasamente un trimestre.
Los nuevos cálculos hablan de una caída una caída de los ingresos públicos
que rondará los 10.000 millones de euros al final del ejercicio, según distintas fuentes del Ministerio de Economía. La razón es la caída de la actividad; del ladrillo sí, pero del resto de sectores también. Si al final se cumplen los pronósticos, el Gobierno tendrá un problema para
cuadrar el presupuesto. Ya que a menor consumo, menor recaudación vía impuestos.
Es como si una familia espera ganar 2.000 euros al mes y, de repente, ve que sólo va a poder ingresar 1.300 euros porque ha calculado mal sus retribuciones. Lo primero que hará será decir que hay que ajustarse el cinturón y reducir gastos. Y es aquí donde el Ejecutivo tiene un problema.
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