(PD).- El ministro Fernández Bermejo, cuya imagen está por los suelos después del affaire de la remodelación del piso y de que su mujer fuera pillada en flagrante trampa laboral, ha tratado d eponer buena cara. Por eso, a pesar de lo mal que ha hecho las cosas durante la larga huelga de los funcionarios de Justicia, ha anunciado su fin proclamando que «nadie sale con cara de vencedor ni de vencido».
Estas declaraciones, hechas con cara muy sonriente, tenían después de unas tres horas de negociaciones con los representantes sindicales de los trabajadores, que se suman a las más de 14 del sábado. Representantes «elegidos» por Bermejo, porque ni han estado todos los verdaderos representanets en la negociación, ni las aguas se han calmado.
Los sindicatos CSI-CSIF y STAJ han decidido mantener la huelga que se registra desde hace dos meses en los organismos judiciales dependientes del Ministerio a la espera que se someta en referéndum el acuerdo anunciado por el ministro de Justicia.
MUCHAS DUDAS EN EL AIRE
desde el Ministerio se dice que, aunque las luchas internas en los sindicatos parecían poder frenar el fin de la huelga, que ha afectado a siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), a Ceuta y Melilla y a los organismos centrales con sede en Madrid, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, todo apunta a que la normalidad llegará en unos días.
Problemas internos en los sindicatos
En un primer momento, CCOO y UGT anunciaron que darían el visto bueno a la propuesta del Ministerio y que desconvocarían los paros, mientras que CSI-CSIF y STAJ dijeron preferir esperar a que los trabajadores votaran sobre la misma.
Poco después, y cuando ya se anunciaba la firma del acuerdo entre Bermejo, el secretario general de FSAP-CCOO, Miguel Segarra, y el secretario general de Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, que no incluiría —por petición expresa de Bermejo— el referéndum, la sección sindical de CCOO (mayoritaria en el sector), anunció que se sentían «puenteados por la federación» y que estaban estudiando pedir a los trabajadores que rechazaran la propuesta de Justicia.
Por su parte, Miguel Segarra negó tajantemente que haya puenteado a los representantes de la Administración de Justicia e hizo hincapié en que todos los sindicatos están de acuerdo con el documento, aunque no en su firma inmediata.
El grado de división que ha provocado el acuerdo ha sido tal, que los firmantes del acuerdo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, han tenido que salir de la sede del Ministerio de Justicia escoltados por Policía, entre abucheos y gritos de «traidores» y «nos habéis vendido».
Los funcionarios han logrado casi todas sus reivindicaciones. El Ministerio ha aceptado un incremento de 190 euros mensuales este año —frente a los 200 que pedían los sindicatos— en una subida que se hará en tres fases: el salario se incrementaría 160 euros mensuales este año, de los cuales 80 tendrían lugar con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar el 1 de julio.
Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.
Justicia ha aceptado también que los descuentos en el salario por cada día de huelga se hagan de una manera flexible, por plazos.
Además, los trabajadores recuperarán parte de esa cantidad gracias a los complementos por productividad que cobrarán para asumir el trabajo atrasado de manera voluntaria. «Ha sido un acuerdo satisfactorio para los trabajadores y los sindicatos en este país han demostrado que, aunque con dificultades, hemos estado a la altura de las circunstancias», afirmó Julio Lacuerda, representante de UGT en las negociaciones.
