(PD).- Zapatero llegó al poder en 2004 prometiendo entre otras cosas la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Aquella promesa, que anulaba un ambicioso proyecto de infraestructuras heredado del Partido Popular, se cumplió. El PSOE explicó a los españoles que había alternativas para proporcionar agua a las zonas deficitarias, construyendo por ejemplo desaladoras en la costa mediterránea.
Durante cuatro años Zapatero ha hecho bandera política del rechazo del cualquier trasvase, y efectivamente la que fue ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se atuvo a su compromiso: no se hizo casi nada.
Según recoge Elsemanaldigital, los hechos siguieron siendo los que eran antes de 2004, ya que la climatología no depende de los vaivenes políticos.
Hay regiones españolas con necesidades de agua mayores que sus actuales recursos, y hay otras zonas con grandes excedentes, que si no se utilizan van íntegramente al mar. La cuenca del Ebro, a pesar de que ya abastece consumos exteriores como el suministro a Bilbao, dispone de agua en abundancia, que podría ser mejor aprovechada con las obras públicas adecuadas. Sólo consideraciones electorales llevaron a Zapatero a su rechazo de los embalses.
El Partido Popular ya advirtió de que la política hídrica del PSOE pecaba de demagogia y de insolidaridad, ya que consistía en cerrarse a la solución más eficaz en términos técnicos y ecológicos sin disponer de alternativas reales. El PSOE obtuvo una buena cosecha de votos en Aragón, gobernado por Marcelino Iglesias, repitiendo en 2008 la misma promesa que en 2004: jamás habría trasvases de agua, fuesen cuales fuesen las necesidades de catalanes, valencianos, murcianos y almerienses.
Este martes, sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha anunciado que el agua del Ebro será llevada desde la comarca de Tortosa para satisfacer las necesidades de la comarca de Barcelona, que padece especialmente la sequía. ¿Qué ha cambiado para que ahora sea urgente lo que antes resultaba imposible? Sólo que la petición viene de una comunidad políticamente decisiva para Zapatero, la Cataluña gobernada por José Montilla, cuyos votos parecen más importantes que los antes conquistados entre los aragoneses o que los despreciados en el Levante.
Se trata de un trasvase de los excedentes de agua del Ebro en todo menos en el nombre. Pero llamarla «cañería» y explicar que se trata de «resolver un problema puntual» no engaña a nadie: a la insolidaridad de anular los trasvases para todos en 2004 se une en 2008 la profunda injusticia de autorizarlos sólo para algunos. La decisión de Zapatero y de Espinosa, impuesta por Montilla y tolerada en silencio por Iglesias, rompe la igualdad de los españoles y convierte los recursos naturales del país en moneda de cambio del Gobierno para conceder privilegios ilegítimos a sus partidarios. Puede dársele el nombre que se prefiera, pero para Zapatero será siempre la mayor de las vergüenzas y la prueba de que la legislatura que este miércoles abren las Cortes empieza donde acabó la anterior.
