(PD).-El Gobierno Balear (formado por el PSOE y grupos minoritarios) ha iniciado una campaña para imponer el catalán entre los empleados de la administración autonómica para «reactivar su uso y consolidar su presencia en el ámbito profesional» ante la pasividad de un PP que va de «simpático».
La principal actuación de esta campaña se centra en la distribución de 30.000 folletos informativos del decreto 100/1990, en el que se regula el uso de las lenguas oficiales en el Gobierno. Este documento ya se ha empezado a distribuir entre todos los trabajadores de la Administración autonómica, a los que se recuerda que la señalización institucional debe ser exclusivamente en catalán.
Según destacó la directora general de la institución que vela por la política lingüística en el Ejecutivo, Margalida Tous, quien explicó en rueda de prensa que esta campaña tiene como objetivo principal «recordar que el catalán es la lengua propia del Govern». Por ello, el catalán, afirmó Tous, debe ser la lengua vehicular de las publicaciones institucionales, el idioma principal de atención al público, y también, la lengua que se use normalmente durante las intervenciones oficiales.
La iniciativa pretende garantizar que toda la tarea de formación y capacitación de los trabajadores de la comunidad autónoma llevada a cabo a lo largo de las últimas décadas tenga un reconocimiento y se vea reflejada en las actuaciones diarias desde la Administración.
Asimismo, la campaña tiene como objetivo conseguir la completa normalización del catalán en el Govern y favorecer una sociedad en la que el catalán se convierta en la lengua de cohesión de la población de Baleares.
El decreto 100/1990
Los principales aspectos que resalta el decreto 100/1990 son que el personal al servicio de la Administración de la CAIB se dirigirá a los ciudadanos en sus comunicaciones orales normalmente en catalán, pero respetará que escojan la lengua en la que quieren ser atendidos.
Otro de los aspectos que se destacan de este decreto es que las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes dentro del ámbito lingüístico catalán, se deben hacer en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si así lo piden.
