(PD).- Rosa Díez obligará a los demás partidos a retratarse en público y, de paso, le restará protagonismo al principal partido de la oposición, que anda más ocupado en resolver sus problemas internos. La única diputada de UPyD registró este martes en el Congreso una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV, en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. El mismo que permitió la disolución del de Marbella a cuenta de la «Operación Malaya».
La diputada tomó la decisión después de que PSE y PNV pusieran en marcha las llamadas «mociones éticas» en varios consistorios del País Vasco gobernados por la formación proetarra, como en Mondragón. Se trata de mociones light con las que socialistas y nacionalistas invitan a los alcaldes de ANV a condenar la violencia de ETA. En caso de no hacerlo, se reservan el derecho de iniciar las gestiones para presentar mociones de censura, según informa El Semanal Digital.
La iniciativa de Díez deberá debatirse en Pleno. UPyD da por hecho que no conseguirá los apoyos necesarios para sacarla adelante, pero al menos el Partido Popular podría apoyarla. De hecho, tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría se han manifestado a favor de respaldar «cuantas medidas sean necesarias para sacar a ANV de los ayuntamientos», en palabras de la portavoz popular en el Congreso. Cabe recordar que el PP ya planteó esta iniciativa en el Congreso durante la pasada legislatura, con Eduardo Zaplana al frente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pero los populares se quedaron solos en su defensa.
La dirigente de UPyD asegura en el texto de su Proposición no de Ley que «la tibieza, el oportunismo político y las actuaciones de cara a la galería no son instrumentos adecuados cuando están en juego la vida de los ciudadanos y los principios democráticos». Y por eso le pide al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que se deje de medias tintas y vaya «a por todas» para expulsar a los herederos de Batasuna de las corporaciones democráticas.
El texto de la proposición añade que se consideran actividades gravemente dañosas para los intereses generales «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares». Por eso, para Díez no cabe duda de lo que toca hacer.
