(PD).- El candidato a la reelección como fiscal general del Estado, que propugnaba la adaptación de la Justicia a las circunstancias políticas tras el alto el fuego de ETA dice ahora que se compromete a «perseguir a los terroristas, a quienes les amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción».
En su momento se preguntó si no habría ido «demasiado lejos» impugnando candidaturas de ETA-Batasuna y tachó de «Guantánamo electoral» la Ley de Partidos. No fue de extrañar, pues, que Otegui llegara incluso a preguntar si Pumpido sabía que el fiscal de la Audiencia quería meterle en la cárcel.
Conde Pumpido, que compareció ante la Comisión de Justicia en cumplimiento de uno de los tres requisitos que establece el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para su nombramiento, señaló que en la lucha antiterrorista el Ministerio Público «continuará, con más esfuerzo si cabe, en la misma dirección que ha seguido hasta ahora».
En este sentido, reclamó «la debida unidad política» de las fuerzas democráticas para «permitir que el trabajo del fiscal no sólo siga siendo eficaz, como lo ha sido en todo momento, sino que además sea debidamente percibido por los ciudadanos como un factor fundamental de confianza en el sistema democrático». De igual modo, destacó que la Ley Orgánica de Partidos Políticos «no establece ni debe establecer ningún Guantánamo electoral».
En relación con la lucha contra el terrorismo internacional, se felicitó por el resultado del juicio del 11-M, que finalizó con «una sentencia condenatoria jurídicamente bien fundamentada», según indicó, y avanzó que en el futuro el objetivo de la Fiscalía será «acusar y juzgar a los terroristas antes de que lleguen a matar».
Modernización para evitar errores
Durante su intervención, Conde Pumpido también apostó por la modernización tecnológica del sistema judicial para que, de esta forma, aunque no se pueda «eliminar el error humano», se contribuyan a «evitar» o «paliar las consecuencias» de «desgraciados acontecimientos recientes», en referencia a los crímenes de Mari Luz Cortés o de Alovera, que no llegó a citar expresamente.
Tras demandar «esfuerzo presupuestario y, sobre todo, voluntad política», para acometer estas mejoras, destacó que en la pasada legislatura su departamento puso las «bases» para mejorar la conexión entre los juzgados y las fiscalías. De esta manera, según indicó, se facilitará el manejo de «información de gran valor» en la persecución de delitos de «especial peligrosidad o riesgo», así como el control de sus autores.
En su turno de réplica a los portavoces parlamentarios, defendió las tareas de modernización llevadas a cabo por su departamento y señaló que la Justicia es «un vehículo con cuatro ruedas» (el Ministerio, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía) y que la que le corresponde dirigir está «perfectamente hinchada».
En los pasillos de la Cámara, coincidió con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en que los modos de trabajo pueden estar «anticuados», pero advirtió de que en la actualidad se están «mejorando». «Hemos hecho un esfuerzo importante por la modernización y creo que la Fiscalía está lista para poder ponerse a la altura del resto de las instituciones, nosotros hemos hecho los deberes», aseguró.
Ampliar la labor investigadora
Conde-Pumpido también aprovechó su comparecencia en la Cámara para defender la «inaplazable» reforma del proceso penal e insistir en su intención de hacer «efectivas» las dos instrucciones que redactó en marzo pasado para que los fiscales puedan ordenar diligencias incluso cuando un proceso judicial ya esté siendo investigado por un juez. «En el terreno de la preparación del juicio oral, haré efectivas las dos recientes instrucciones dirigidas a potenciar la acción investigadora del fiscal», señaló.
Otras de las prioridades que el Ministerio Público tendrá que afrontar en los próximos cuatro años serán, según Conde Pumpido, la implantación de fiscalías de área, el impulso de la estructura territorial, el establecimiento de un sistema formativo «útil de verdad» y la aproximación a las víctimas del delito.
Sobre la protección de las personas que sufren delitos contra la libertad sexual, avanzó que «pronto se conocerán» los resultados de las conclusiones de la comisión de estudio que ordenó constituir para «estudiar los fallos del sistema y analizar medidas de control y tratamiento de los autores».
Críticas del PP, aval de PNV y CiU
En relación con su nombramiento, que contó con el aval del PSOE, el PNV y CiU, agradeció el apoyo de estos grupos a la designación del Gobierno y señaló que el nuevo mecanismo de elección, que exige el pronunciamiento del CGPJ y del Congreso, contribuye a «apuntalar la fortaleza institucional del fiscal sobre los pilares de la transparencia y el control democrático». «De no haber obtenido ese respaldo, volvería a mi puesto en el Tribunal Supremo», dijo.
