(PD).- Ibarretxe anda desesperado. El lehendakari ha enviado al presidente del Gobierno un documento en el que le propone un pacto para que «la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir libremente su propio futuro».
Ibarretxe y Zapatero se reunirán el 20 de mayo en la Moncloa. El lehendakari prometió enviar al presidente este documento con una «propuesta abierta de pacto político para la convivencia», para ser debatido entre ambos.
Este texto, hecho público hoy por el Gobierno Vasco, tiene cinco folios. La propuesta de Ibarretxe establece los mismos plazos que en su llamada «hoja de ruta»: primero se alcanzaría un acuerdo para convocar por ambos presidentes una consulta popular el 25 de octubre -la ya anunciada unilateralmente por Ibarretxe-.
Esta consulta serviría para ratificar por la sociedad vasca, por un lado, un «compromiso ético con el final definitivo de la violencia».
Este compromiso consiste en apostar por «un final dialogado de la violencia, si se producen las condiciones adecuadas, fundamentadas en una clara voluntad por parte de ETA de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción».
En este caso, se apoyarían «los procesos de diálogo con quienes decidan abandonar la violencia», dejando claro que «las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
Por otro lado, la consulta del 25 de octubre serviría para apoyar la puesta en marcha de «un proceso de negociación política entre todos los partidos vascos, sin exclusiones».
Mediante estas negociaciones entre partidos se buscaría «un acuerdo democrático para la normalización política», que sería sometido a referéndum en la sociedad vasca, antes de que finalice el año 2010.
Las bases que propone Ibarretxe para estas futuras negociacionesentre partidos son cinco: la primera, reconocer la identidad nacional del pueblo vasco. Se aceptaría así que existe una realidad «llamada Euskal Herria, que se constata en los territorios de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra en el Estado español y Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el Estado francés».
La segunda base para el acuerdo es que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado.
Dichas decisiones «se adoptarán, en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales».
También deberá garantizarse que todos los proyectos políticos pueden ser defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de coacción o injerencia, y que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca.
Otra de las bases para el acuerdo es que en el futuro ordenamiento jurídico se definirán y garantizarán los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco.
Por último, propone la creación de un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra, cuyas atribuciones serían negociadas por los partidos, y que el euskera sea reconocido legalmente y utilizado como lengua oficial, igual que el castellano, en el País Vasco y Navarra.
La mayoría de las propuestas que el lehendakari ha incluido en su documento, como el reconocimiento de la identidad nacional o el respeto a lo que decidan los vascos, se manejaron en las llamadas conversaciones de Loyola entre PNV, PSE y Batasuna durante la tregua de ETA, cuando los tres partidos se intercambiaron borradores sobre el futuro del País Vasco.
