(PD)-. En declaraciones a los medios informativos en Amorebieta (Vizcaya), municipio en el que se celebra este domingo la fiesta anual de las ikastolas vizcaínas, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate ha explicado que la ley regulará una consulta con dos preguntas: una sobre el «principio ético», de rechazo a la violencia, y otra sobre el «principio democrático», en cuanto a la capacidad del pueblo vasco para decidir su futuro político.
La también consejera de Cultura ha recalcado que la ley, que será aprobada para dar respaldo jurídico a la propuesta del ‘lehendakari’, no será refrendada «a escondidas», porque los representantes del Gobierno vasco no tienen «nada que ocultar», y ha adelantado que podría ser ratificada en un Consejo de Gobierno «próximo, ordinario o extraordinario».
«La sociedad rechaza la violencia, pero también pide soluciones para marcar un camino para continuar hacia adelante».
La portavoz del Gobierno vasco ha dicho que la ley será «de artículo único» y ha añadido que cada formación política dirá si está dispuesta a arropar el principio ético y político y a que la sociedad sea consultada o no.
Preguntada por la posibilidad de que la iniciativa recoja una declaración expresa sobre la violencia de ETA, ha reiterado que contendrá una pregunta claramente formulada en el «principio ético y democrático».
PREGUNTA-TRAMPA
Filtraciones no confirmadas del contenido del proyecto de ley que será aprobado la próxima semana por el Gobierno vasco y presentado de forma inmediata para su tramitación en el Parlamento vasco señalan que el tripartito pretende hacer una doble pregunta a la sociedad vasca, una de expreso rechazo a la violencia de ETA y de apuesta por su desaparición definitiva y otra a favor de un nuevo marco político mediante una negociación democrática entre partidos.
El proyecto de ley pretende blindar jurídicamente la propuesta del Gobierno vasco de consultar a los ciudadanos el próximo 25 de octubre para que apoyen un proceso de diálogo desde un doble emplazamiento, desglosado en lo que el Ejecutivo de Ibarretxe considera principio ético y principio democrático. En el primer caso, se trata de defender los derechos humanos, rechazar la violencia e instar a un posible final dialogado si ETA deja las armas. Y, en el segundo, de emplazar a todos los partidos vascos a activar una mesa de diálogo que desemboque en el plazo de dos años en la negociación de un nuevo marco jurídico-político que sería sancionado finalmente con un referéndum antes de que finalizara el año 2010.
El proyecto de ley será tramitado como de lectura única, lo que supone que los grupos parlamentarios podrán presentar proyectos alternativos, pero no enmiendas parciales. De esta forma, los partidos tendrán que pronunciarse a favor o en contra, sin discusión del contenido de las preguntas.
