(PD).- Casas, que sigue en su puesto gracias a una reforma ad hoc del Gobierno, ha visto dañada su imagen. Casas, que regresó el viernes de un viaje a Lituania, estaría «muy afectada» por la publicación de una comprometedora conversación suya con una abogada acusada posteriormente de ordenar el asesinato de su marido. Mientras tanto, sobre su mesa está la decisión más importante de su historia, pronunciarse sobre el Estatut.
En estas condiciones, según publica el diario La Vanguardia, cuestionada una vez más su imparcialidad, Casas sería contraria a toda situación que pueda conducirla a tener que dirimir con su voto de calidad el debate sobre la constitucionalidad del Estatut. «Quiere huir de cualquier nueva polémica», destaca el rotativo del conde de Godó. De hecho, son muchos los que le han aconsejado que dimita.
«Si se queda – argumenta la información firmada por José María Brunet que presenta a María Emilia Casas como una víctima propiciatoria – es por una responsabilidad institucional, para administrar como pueda la fase final de un periodo que ya está considerado como el peor de la historia del Constitucional hasta el momento, aquel en que más se ha deteriorado su imagen y su prestigio político». Con el PP estimando insostenible la posición de Casas, ésta no quiere dar ni un sorbo más al caliz del Estatut, cuyo debate en el Constitucional avanza con muchas dificultades.
Dos equipos de letrados del TC vienen elaborando desde hace meses los borradores de la sentencia. El camino había empezado a desbrozarse, con una mayoría favorable a admitir que Cataluña sea definida como «nación» en el prólogo del texto, citando un acuerdo del Parlamento catalán en este sentido. Como compensación, se cuestionaba la bilateralidad de los pactos de financiación con el Gobierno. Al fallecer Roberto García-Calvo, sin embargo, las fuerzas quedan empatadas a cinco entre conservadores y progresistas, lo que convierte en clave el voto de calidad de la presidenta.
«Ha sido en este momento cuando ha estallado la polémica sobre las grabaciones de Casas, coincidiendo con nuevas discrepancias en las deliberaciones, esta vez en el capítulo lingüístico», difunde La Vanguardia. Los magistrados procedentes de la carrera judicial son reacios a ceder en este terreno, porque temen que el castellano desaparezca de la justicia, que el mapa de posibles destinos se estreche y que el monolingüismo en catalán domine la vida pública e institucional en Cataluña. «La presidenta del TC está cansada de afrontar todo tipo de penalidades, entre las cuales no es la menor que sus conversaciones telefónicas aparezcan en los medios de comunicación», concluye.
Y todo ello cuando el Partido Popular quiere llevar la conversación de María Emilia Casas al Congreso y reclama sus explicaciones. El lío continúa.
