El Parlamento vasco señala a Fraga y Martín Villa por las muertes de 1976

(PD).- El Parlamento vasco ha aprobado un dictamen sobre los hechos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976 -en el que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía- en el que apunta las responsabilidades políticas de los ministros actuantes en el conflicto.

El dictamen, elaborado como un memorando de hechos, ha sido redactado en la comisión especial creada para esclarecer estos hechos por los que, según se recuerda en el texto, se sobreseyó el proceso judicial abierto al no poder determinarse quiénes fueron los autores concretos de los disparos de la Policía.

El dictamen, que deberá ser ratificado posteriormente en pleno, establece que de lo ocurrido «dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas» de los entonces ministros del Interior, Manuel Fraga; de Relaciones Sindicales, Rodolfo Marín Villa, y de Presidencia, Alfonso Osorio.

En sus conclusiones, que han sido apoyadas por todos los grupos, excepto por el PP y el PCTV-EHAK, el Parlamento vasco constata el contexto de «falta de libertades esenciales» del momento y la «inadecuada dotación y preparación del operativo policial y de las instrucciones desproporcionadas que incitaban a desdeñar los derechos humanos más elementales».

El Parlamento vasco añade entre sus conclusiones el «uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral».

También se recuerda que de las órdenes de «alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España», no se han «determinado responsabilidades personales».

En el memorando de los hechos el Parlamento niega la versión oficial del momento en que la Policía contestó una supuesta agresión de los trabajadores que celebraban una asamblea en la iglesia de Los Ángeles.

Según el trabajo realizado por los grupos, que se han basado en las investigaciones de historiadores, fundamentalmente, «no se sostiene la versión de que los obreros fueron armados de ningún tipo de recurso previo y sólo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones (piedras, palos, cascotes o ladrillos) con la intención» de atraer la atención de la Policía y posibilitar la salida de los trabajadores de la Iglesia.

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