(PD).- Afirma José Oneto en La Estrella que Zapatero cierra, de hecho, el curso político con esa foto de la Moncloa en la que empresarios y sindicatos aparecen firmando una pomposa «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», sin que se sepa muy bien por qué han olvidado en el pomposo título la eficiencia energética, las energías renovables, la igualdad entre hombres y mujeres y, también, las ansias infinitas de paz social, en un mundo globalizado profundamente injusto y dominado por lo que ya comienza a llamarse «economía canalla».
Es verdad que el papel aguanta todo y que sobre el papel en el que han estampado su firma el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán -con la oposición del sector más crítico de la patronal, el de Jiménez Aguilar, que cree que el documento de la Moncloa es un conjunto de generalidades lleno de buena voluntad pero vacío de contenido-, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y el representante de la pequeña y mediana empresa, Jesús Bárcena, todo queda bien hilvanado, aunque la Declaración no deje de ser un conjunto de lugares comunes que puede suscribir cualquier estudiante medianamente informado de Ciencias Económicas.
Desde el propio diagnóstico de la situación económica hasta algunas de las medidas que se proponen, que son pocas, nada brillantes ni novedosas, y que no parece que vayan a contribuir, como ha insistido el presidente del Gobierno, a remontar «las serias dificultades económicas»;, recuperar el crecimiento, crear empleo y mantener la protección social, todo el documento es un ejercicio de voluntarismo que, además, llega tarde y que tendrá que contrastarse en el mes de septiembre con una situación más deteriorada y con nuevas dificultades.
Dificultades para la inflación en el mes de julio que ya ha adelantado el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, que volverá a ser alta; dificultades derivadas de los datos de crecimiento del segundo trimestre del año; dificultades con las cifras de paro, y dificultades para muchas empresas que seguirán el destino de Martinsa-Fadesa y tendrán que acogerse al concurso de acreedores.
Un informe del grupo Cerecito y Caución acaba de hacer público que el diez por ciento de los tres millones de sociedades existentes en España están en riesgo de impago, lo que significa que unas trescientas mil empresas corren «un elevado riesgo» de no poder pagar todo lo que deben en los próximos doce meses, con lo que se sitúan en un callejón financiero sin salida, o con la única salida en el concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.
Ésa es la dura realidad y no la que describe el «Documento de la Moncloa», un documento redactado más para la galería y convencerle de que no habrá restricciones de gastos sociales ni ningún tipo de flexibilización en el marco laboral, que para hacer frente a lo que queda por llegar, que según todos los expertos será lo peor.
Hecha la foto con la que se quiere transmitir la idea de que el presidente del Gobierno ha tomado el protagonismo que no ha tenido en sus primeros cien días de esta segunda legislatura, realizada la ronda con los representantes de todos los grupos parlamentarios, entre los que no se ha encontrado suficientes apoyos para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, todo se pospone al mes de septiembre.
Entonces volverán a reunirse empresarios y sindicatos para aprobar un calendario de trabajo y de actuación, mientras el Gobierno, empantanado ahora con la financiación autonómica, tratará de buscar apoyos, que ahora no tiene, para los Presupuestos del año que viene.
