La Audiencia investiga los bienes del asesino De Juana, a dos días de su libertad

La Audiencia investiga los bienes del asesino De Juana, a dos días de su libertad

(PD).- A dos días de la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos, la Audiencia Nacional reactivaba ayer la investigación patrimonial del pistolero del «comando Madrid».

Y lo hacía de la misma forma en la que movió ficha hace casi dos años: pidiendo explicaciones a la editorial Txalaparta sobre los derechos de autor del etarra respecto a los tres libros que ha publicado: «Días», «La senda del abismo» y «Raíces de roble».

Como subraya Nati Villanueva en ABC, lo cierto es que el requerimiento de los jueces de la Audiencia Nacional llega demasiado tarde: el 24 de noviembre de 2006, la Sección Primera ya pidió esta información a la editorial y el 18 de enero de 2007, ante la pasividad de la empresa, la misma Sala ordenó el embargo de esos derechos de autor, para pagar las indemnizaciones que el etarra tiene pendientes con sus víctimas.

Tampoco en estos últimos 18 meses la Sección Primera ha recibido noticia alguna de Txalaparta, a cuyos directivos no se ha exigido ninguna responsabilidad, por lo que fuentes jurídicas interpretan como una obstrucción a la justicia en toda regla.

Averiguación patrimonial
Ha tenido que llegar la propuesta de licenciamiento definitivo de De Juana Chaos a la Audiencia Nacional (un trámite que Instituciones Penitenciarias lleva a cabo con todos los presos en el que se informa de la fecha de su excarcelación) y la reacción que su puesta en libertad está causando en la sociedad española -en cualquier caso, mucho menor que la indignación de sus víctimas- para que jueces y fiscales pongan en marcha de nuevo la investigación de los bienes del etarra, lo que se ha hecho con la solicitud a la Oficina de Averiguación Patrimonial de un listado con todos los bienes del terrorista.

El Tribunal ha pedido información a la editorial que ha publicado los libros del etarra

El jueves pasado, el fiscal Ignacio Gordillo informó a favor de la excarcelación del pistolero (ayer hizo lo propio la Audiencia), que ha terminado de cumplir la condena que le fue impuesta por el delito de amenazas, y paralelamente remitía a las cuatro Secciones de la Sala Penal el mismo escrito que ya había enviado a la Sección Primera una semana antes: aquel en el que pedía que se investigara un presunto delito de alzamiento de bienes en relación con el piso en el que el etarra va a vivir en San Sebastián.

Investigación en marcha
En esta ocasión, Gordillo pedía que el registro de la propiedad de San Sebastián certificara la inscripción del citado piso, así como «las sucesivas transmisiones y cargos que la citada vivienda tiene en la actualidad»; el certificado de defunción de la madre del terrorista, que era la anterior propietaria de la casa y que murió el 27 de enero del pasado año; una copia testimoniada del préstamo hipotecario concedido por Caja Laboral; que la Policía investigue la forma de pago del inmueble por parte de su mujer, Irati Aranzábal, las garantías prestadas para la concesión del préstamo hipotecario y pagos mensuales realizados de dicha hipoteca y, finalmente, «el embargo preventivo y la prohibición de disponer del bien para garantizar su disposición a resultas de la presente ejecutoria».

El etarra, 25 asesinatos, saldrá en libertad el próximo sábado
En una providencia notificada ayer, la Sección Primera responde a la Fiscalía que esa investigación patrimonial está en marcha desde el 21 de julio, cuando la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la solicitó en el marco del sumario 36/85 (el atentado de la República Dominicana, en el que fueron asesinados doce guardias civiles). La Sala, por tanto, se remite a lo que decida la Sección Tercera, la misma que tiene que pronunciarse sobre la petición de la AVT.

Lo cierto es que, al igual que el requerimiento a Txalaparta, tampoco la iniciativa de la AVT es nueva. Pocos días después del último juicio al etarra (24 de octubre de 2006), las víctimas del terrorismo solicitaron el embargo de los derechos de autor antes citados para satisfacer la indemnización de una de las víctimas del atentado de la República Dominicana (9 de septiembre de 1985). Por esta acción criminal la Sección Primera condenó al pistolero a 489 años de prisión y al pago de 970 millones de pesetas.

Un millón y medio de euros
No es la única Sala en la que hay pendiente una ejecutoria de De Juana. De hecho, fuentes jurídicas señalaron que el pistolero, que se declarara insolvente, no ha satisfecho la responsabilidad civil de ninguna de las condenas que tiene en las cuatro Secciones de la Audiencia, todas ellas, menos la de las amenazas, relacionadas con el «comando Madrid», del que formaba parte. En enero de 2007, la AVT fijaba en 258.440.000 millones de pesetas (1.553.255 euros) las indemnizaciones pendientes.

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