(PD).- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha criticado la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de dejar en libertad bajo fianza a un detenido en delito flagrante de ‘kale borroka’ y de impedir registros solicitados por la Guardia Civil en relación con él.
«Es el típico pijo-rojo de los años ochenta que no acaba de entender lo que es el terrorismo», declaró Sánchez Fornet a Europa Press.
Según el líder del sindicato mayoritario, el juez Pedraz se dedica a «impartir Justicia que acaba permitiendo que se cometan actos de terrorismo contra todos los ciudadanos», en referencia a la cantera que para ETA suponen los integrantes de los grupos organizados de ‘kale borroka’.
Ataque a la Subdelegación del Gobierno
El pasado martes por la noche, cinco jóvenes procedentes de la Parte Vieja de Vitoria alcanzaron la parte de atrás de la Subdelegación del Gobierno y lanzaron varios cócteles molotov contra ella. Unos guardias civiles fuera de servicio, que disfrutaban de las fiestas de la Virgen Blanca, reaccionaron y pudieron atrapar a uno de ellos, Alainde Hernández.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se negó a decretar la incomunicación para el detenido, como le solicitó la Guardia Civil, al tiempo que rechazó conceder permiso a los agentes para registrar dos viviendas vinculadas al arrestado.
A juicio de Sánchez Fornet se trata del «típico ejemplo de Justicia mal entendida que sirve para prolongar el sufrimiento que causarán los futuros terroristas».
Si eso no es un acto de terrorismo (el ataque a la Subdelegación), deberían tirar cócteles molotov todos los días contra la casa del juez Pedraz a ver cómo lo interpretaba.
Finalmente, Sánchez Fornet abogó por que los jueces «hagan un curso para interpretar las leyes» y que tengan someterse a un proceso de «revalidación» para poder seguir impartiendo Justicia. En este sentido, recordó que Pedraz fue uno de los tres jueces que condenó a los dirigentes de Jarrai y de sus organizaciones sucesoras, Haika y Segi, por asociación ilícita no terrorista, en una decisión que fue revocada por el Tribunal Supremo.
