Montilla denuncia los «privilegios disfrados de solidaridad»

Montilla denuncia los "privilegios disfrados de solidaridad"

(PD).- Dos años después de la aprobación del Estatut se cumple una de las fechas clave que marca el texto: 9 de agosto del 2008, el día límite para alcanzar un acuerdo que permita establecer un nuevo sistema de financiación para Cataluña.

La efeméride, en cambio, no trae visos de acuerdo entre el Gobierno central y el catalán, entre el PSOE y el PSC, en uno de los cismas más importantes entre ambas entidades.

Tal y como estaba previsto, después de los desacuerdos que se hicieron visibles en las últimas comisiones mixtas dedicadas al tema, el límite marcado por el Estatut llega sin acuerdos.

Los partidos catalanes culpan al Gobierno del fracaso en las negociaciones y visualizan el frente común entre el Govern y Ciu en una reunión conjunta para celebrar la efeméride. Mientras, el Gobierno de Zapatero emplaza a los partidos catalanes a septiembre, después de las vacaciones, para continuar con las negociaciones.

Para el presidente de la Generalitat, José Montilla, el Gobierno «ha incumplido» los compromisos contraídos al no pactar la financiación en el plazo fijado por el Estatuto, dos años tras su aprobación; ese incumplimiento «es una práctica poco edificante» y «la responsabilidad es de quien presenta la propuesta. Montilla dejó claro que, pese a la aparente falta de voluntad política del Ejecutivo del PSOE, la Generalitat «no se levantará de la mesa» de negociaciones «para buscar una nueva mesa incierta y lejana». Y lanzó una andanada que pocos esperaban oir del primer presidente de la Generalitat cordobés: «Eso podría interesar a quienes ya les va bien mantener un estatus de privilegio disfrazado de solidaridad».

Consciente de quiénes son sus aliados, y quiénes no, en la batalla por la financiación, el presidente catalán parece decidido a ligarse de pies y manos con el «frente catalán» al margen de disciplinas e intereses de partido. Y ayer dejó clara su apuesta por la unidad catalana en todos los ámbitos como la mejor herramienta para conseguir el ansiado acuerdo de financiación. Ni una referencia al «gobierno amigo» de PSOE en términos de aliado político.

La historia de los desacuerdos entre ambos gobiernos volvió a salir a la palestra cuando Solbes presentó ante los medios su plan de financiación, en el que ofrecía a las Comunidades el 50% del IRPF, IVA e Impuestos Especiales.

La respuesta de Castells, conseller de Economia, fue clara: «Es un modelo ‘decepcionante’ y ‘preocupante'». A esta negativa se sumaron los sindicatos y las empresas e, incluso, la oposición, empezando por CiU, pareja de baile del Govern en el frente común.

Con esos apoyos se presentó Castells en la comisión mixta con el Gobierno y repitió sus críticas al modelo Solbes. a partir de entonces han continuado las reuniones con el resto de partidos políticos, que continúan el lunes con el encuentro del conseller con miembros del PP catalán y de Ciutadans.

De hecho, el PP catalán se unió al Govern en afirmar que Cataluña necesita un mejor modelo de financiación, aunque para los ‘populares’ el modelo debe ser consensuado con todas las comunidades autónomas y no pasa por el marco del Estatut, ya que mantienen el recurso de inconstitucionalidad contra el texto en el Tribunal Constitucional.

Dos frentes entre comunidades

De hecho, el PP catalán fue uno de los primeros en aplaudir el gesto de alianza entre comunidades que llevaron a cabo los consellers de economía de Cataluña y Valencia.

Días más tarde, los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón, con intereses comunes en la reforma del sistema de financiación autonómica, reclamaron un reparto de fondos que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de población.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo que agrade a todos se muestra casi imposible.

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