José Antonio Amado: «Los problemas reales de Galicia se escamotean tras el humo identitario»

José Antonio Amado: "Los problemas reales de Galicia se escamotean tras el humo identitario"


Christian Rubio (PD).- José Antonio Amado, una de las voces más autorizadas sobre política lingüística en España, ha reflexionado sobre los intentos de los separatismos por imponer el monolingüismo en varias comunidades autónomas, en especial en Galicia. «Un decreto de mínimos es un engendro que suprime la libertad de la gente de utilizar una lengua u otra», asegura. El secretario de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia espera que se impulse la «naturalidad» de los ciudadanos sin «ninguna otra constricción, promoción o despilfarro».

El BNG pretende “galleguizar” la medicina, reclamando que las circulares y los prospectos de los medicamentos sean traducidos al gallego ¿Qué le parece esta iniciativa?

Se trata de ahondar en un problema que no existe. La asistencia sanitaria que se presta en Galicia puede tener problemas, pero desde luego, no ese, ni en primer lugar ni en último: simplemente no existe. Salvo, tal vez, en psiquiatría: nosotros lo hemos llamado ‘linguomanía‘, y es grave, aunque sólo afecta a políticos.

No me refiero a la cuestión meramente documental: las ‘circulares’, si emanan de las autoridades sanitarias, no es que vayan a traducirse al gallego: que yo sepa, están todas en gallego, y ninguna en castellano. En cuanto a los prospectos de los medicamentos, todos sabemos que su “traducción” -quiero que conste entre comillas- no les va a añadir inteligibilidad alguna o beneficio alguno para el paciente. Ahora bien: si el mercado lo demanda, no tenemos nada que decir.

Pero el problema es otro: Según hemos sabido, el BNG plantea en el parlamento una “proposición no de ley”, o sea, un enredo inútil que, a juzgar por la respuesta de la Consejera del ramo, consistiría en convertir el supuesto conocimiento del supuesto gallego en una barrera infranqueable para el acceso al ejercicio de la sanidad en Galicia. La Consejera ha respondido, con aparente cordura, que ello no es necesario, porque en la sanidad gallega no existe problema de comunicación, lo cual es m uy cierto, y que basta con que el conocimiento del gallego sea un mérito, sin llegar a requisito de acceso. Desgraciadamente el supuesto conocimiento del supuesto gallego ya es una barrera infranqueable para el ejercicio de cualquier puesto público en Galicia, al menos para los aspirantes. Hoy la Consejera, como es obvio, no habría podido acceder a la carrera sanitaria en Galicia por ese motivo. Accedió en época de mayor libertad. Esa libertad que tuvo ella y los profesionales de la sanidad que hoy ejercen en Galicia desde hace tiempo, la han suprimido los políticos, sin necesdidad de tomar en consideración esta nueva ocurrencia propagandística del BNG. No se trata, pues, de oponerse a ella, sino de suprimir el arancel lingüístico que ya imposibilita el acceso al ejercicio profesional en el Servicio Gallego de Salud: aunque las normas hablan de “mérito preferente” -nótese la redundancia-, de hecho, y debido a su ponderación en los baremos, se trata de un mérito excluyente. Y todo sin relación alguna con una sanidad de calidad: sólo para favorecer a quienes ostentan la marca tribal en detrimento de quienes sólo tienen mérito profesional. De esto podrían hablar con más conocimiento los representantes del SATSE-Galicia, un sindicato de trabajadores de la sanidad que han experimentado el arancel lingüístico del que estoy hablando.

Mientras tanto los problemas reales de la sanidad se escamotean al público tras el humo identitario.

La Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia y Galicia Bilingüe presentan los mismos principios, pero entre ellas existen pequeños matices que las diferencian. ¿Cuáles son?

El presupuesto de que una parte de la población no es normal y otra sí en función de los respectivos hábitos lingüísticos es moral y políticamente absurdo e inaceptable, y en esto coincidimos todas las asociaciones que nos hemos posicionado contra la linguocracia.

Yo reduciría esos matices a uno sólo. Nosotros no creemos que las diferencias idiomáticas entre el gallego o español privativo de Galicia y el español común a toda España justifiquen desdoblar las aulas para impartir una educación separada a una supuesta comunidad de gallegohablantes y a otra supuesta comunidad de castellanohablantes e. La comunidad es la misma.

Creemos que los alumnos han de poder expresarse en toda circunstancia escolar, preguntar, responder, examinarse, estudiar libros de texto en cualquiera de las dos lenguas oficiales según su libre elección en cada momento, dentro de las mismas aulas, sin separación por razón de lengua. Y creemos que el profesor ha de impartir clase en la lengua o lenguas oficiales que su criterio profesional le dicte en función de la composición del aula y de los objetivos pedagógicos de su materia, en interés de sus alumos, con total naturalidad, sin que ningún decreto o mandato burocrático interfiera en la libre opción lingüística entre las dos lenguas oficiales. Nuestra propuesta no entraña coste ni demora algunos para su puesta en práctica: se trataría de derogar las normas basadas en discriminaciones y prohibicioines por razón de lengua, especialmente el decreto 124/07.

La propuesta de Galicia Bilingüe en este aspecto exige una organización para, al menos, evaluar los contingentes de alumnos de cada preferencia lingüística y organizar los cuerpos docentes conforme a esa evaluación y establecer dos o más itinerarios por razón de lengua, lo que, en el fondo, remite la solución del problema a la misma Administración linguocrática que tanto ha colaborado a su creación. Por supuesto, estamos de acuerdo en que la libertad de enseñanza debe amparar su organización en el sector privado o concertado conforme a ese criterio, si hubiera demanda suficiente de una educación separada por razón de lengua, tanto para gallegohablantes como para castellanohablantes. Por ello, nuestra diferencia se reduce, tal vez, a la organización de la enseñanza pública en sentido estricto, pues no creemos justificados los costes de la separación a cuenta de los contribuyentes, dada la manifiesta inteligibilidad de ambas lenguas para los alumnos, que, además, están obligados a dominarlas en el curriculum. Por supuesto, unos y otros querríamos matizar mucho al respecto, y nadie mejor que Galicia Bilingüe para explicar su proyecto.

Por lo demás, en una sociedad pluralista es natural que ante los problemas, incluso ante problemas tan artificiales y absurdos como este, creado, en nuestra opinión, casi enteramente por los politicos, haya distintos matices, propuestas y proyectos, ninguno perfecto, cada uno con sus costes o inconvenientes. Se trata de buscar lo más compatible con la libertad individual al mínimo coste, y es natural que haya percepciones distintas al respecto, aún sobre la base de una critica radical compartida del modelo linguocrático vigente.

¿Es compatible la defensa del castellano con la promoción de la cultura y la lengua gallega?

Nosotros hemos superado ese lenguaje. La “defensa del castellano” nos parece un sintagma absurdo cuyo significado se nos escapa. Algo así como ‘la defensa de los decimales, de los números primos’; salvo que se entienda como defensa del derecho a expresarse en castellano, en cuyo caso, obviamente tiene sentido y merece el mismo respeto que el derecho a expresarse en gallego sin discriminación, restricción o prohibición alguna por parte de los poderes públicos en el territorio en que ambas lenguas son oficiales.

En cuanto a la promoción de cualquier lengua, nos parece una estafa al contribuyente que, como he dicho, acaba en coacciones diversas y en diverso grado al ciudadano. De hecho, antes de que hubiese eso que se llama promoción del gallego y que encubre un robo continuado, masivo e incalculable se habían producido en gallego obras que han pasado a la historia de la literatura universal; después no. La normalización coactiva lo ha degradado a esta jerga burocrática que ahora padecemos. Parece que la abstención de los poderes públicos en esta materia sólo produciría ventajas, no sólo para la libertad de los ciudadanos, sino, y tal vez como consecuencia de ello, para el desarrollo de la lengua cuya promoción tanto la perjudica.
¿Qué decretos impiden la libertad lingüística en las distintas autonomías donde se genera esta controversia?

Hay un modelo prototípico, el catalán, que se concreta en una ley de normalización lingüística y varios decretos que la desarrollan. En Galicia esta ley es ya antigua, de 1983, y aunque fue tolerable hasta el primer “decreto de mínimos”, el 247/95, la libertad residual ha desaparecido con el 124/07. La situación es muy parecida en Baleares, y tiene peculiaridades notables en otros territorios asolados por la linguacracia, como el País vasco, Navarra. Creo que notablemente menos en Valencia.

Un decreto de mínimos es un engendro que suprime la libertad lingüística en un territorio en que hay dos lenguas oficiales, al reservar para una de ellas, con exclusión de la otra, es decir, de la libertad de los hablantes, una serie de materias. El decreto gallego, el 124/07, impone a profesores y alumnos, en sus manifestaciones oral y escrita, el uso del gallego, es decir, prohíbe el castellano, en todas las materias troncales, excepto otras lenguas, y esta reserva tiene el carácter de mínimo.

Si excluimos las lenguas, las materias troncales ocupan no menos de dos tercios del horario lectivo, y las restantes también podrán impartirse en gallego -lengua docente- con la simétrica obligación de los alumnos -lengua discente- de emplearlo en ese caso. Ello posibilita la supresión de la posibilidad de utilizar el español, lengua de cientos de miles de alumnos, en la práctica totalidad del horario lectivo. El decreto gallego fue falsamente publicitado, y estúpidamente asumido por los medios de comunicación, como “del 50 %”. Poco importaron los esfuerzos de las asociaciones por aclarar las cuentas o por subrayar el aspecto cualitativo: no es lo mismo imponer una lengua en todas las asignaturas troncales que en otras como educación artística o física en que intervienen otros lenguajes.

¿Hay que defender la lengua o los hablantes de esa lengua?

No hay ninguna duda. En realidad lo que hay que hacer es respetar la libertad de la gente, Porque la cooficialidad de ambas lenguas debería implicar dos reglas básicas, absolutas y suficientes: libertad e igualdad, y ninguna otra constricción, promoción o despilfarro. Algunos votamos la Constitución y el Estatuto en esa creencia. Muchos de los que hoy los interpretan para oprimir a los demás, entonces se opusieron.

¿Cómo valora la actuación del Gobierno con los nacionalistas en este tema?

El Gobierno central ha estado ausente por completo en los problemas que los nacionalismos han ido creando en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, si descontamos el insuficiente recurso de inconstitucionalidad contra la ley de normalización gallega. Las razones son varias, como la interpretación errónea de la distribución constitucional de competencia. Pero el mayor problema ha sido la atribución de la competencia plena sobre educación a las comunidades autónomas. Ha desaparecido el sistema educativo español, simplemente. Si una comunidad autónoma tiene la competencia plena sobre educación, la va desarrollando sin más consideración que la miopía de los intereses políticos de quien la gobierna en ese momento, y los nacionalistas de todos los partidos han competido por la imposición del modelo más identitario. El Gobierno central ha omitido enteramente una competencia constitucional muy importante, el desarrollo y actuación de la Alta Inspección educativa, que en ningún momento ha sido operativa.

Por desgracia, el gobierno nacional ha seguido el modelo partidario, declaradamente confederal en el caso del partido que más tiempo lo ha ejercido (PSOE), sin que el otro (PP) haya contado con la voluntad o el consenso para revertir esa dinámica, a la que parece haberse resignado definitivamente, aparte de sus propias contradicciones, y de haber contribuido desde el gobierno de algunas comunidades autónomas como Galicia y Baleares a esa misma degradación confederal en la que parece definitivamente sumido. De todo ello resulta la renuncia del gobierno de España a la igualdad de derechos de todos los españoles, a la unidad del mercado de trabajo -y no sólo de trabajo-, a la unidad de la función pública, y, en definitiva, como se está viendo, a otros bienes de la ciudadanía de un estado democrático de derecho, en favor de un engendro jurídico-politico del que no hay parangón en el mundo. Una originalidad muy costosa, a la que los ciudadanos no nacionalistas no acabamos de verle ventaja alguna.

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