(PD).- De nuevo Garzón se pone en medio de la actualidad y pide focos. El Juez ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etc, para que le identifiquen a las posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936.
Garzón anuncia en esta providencia que quiere controlar él las exhumaciones que se estén realizando o que se vayan a realizar pero de momento exige a estos organismos y sociedades los datos que tengan de desapariciones forzadas, tal y como informa la Cadena SER.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, »sacas», asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
