(PD).- Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) y en un país donde se amnistío a los etarras que asesinaron a un presidente del Gobierno y siguen desaparecidos secuestrados por ETA, entra en juego el juez Baltasar Garzón.
El País y Público aplauden al juez, pero otros y en concreto el diario El Mundo le sacuden de lo lindo. El titular del editorial lo dice casi todo: «truculenta garzonada».
Escribe Jorge Trías Sagnier en ABC que, cuando Garzón inicia una investigación de esta envergadura, que entierra el pacto de la Transición, por algo será:
«Me cuesta creer en las buenas intenciones de este juez ávido de fama y que llevaba mucho tiempo en dique seco».
Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera.
Puestas así las cosas, las instituciones deberían ofrecer todo tipo de facilidades. Y este juez hiperactivo podría acercarse al archivo de la Capitanía General de Burgos, por ejemplo, y encontrará, sin necesidad de exhumaciones, miles y miles de expedientes, primorosamente guardados y llenos de polvo, con los nombres, apellidos, las causas de los juicios sumarísimos, la pena que le correspondió a cada uno y la fecha de la ejecución, cuando la hubo, con el «enterado» del Jefe del Estado.
Ahí está, querido juez, la verdadera sangre de la historia, aunque eso, claro, es menos vistoso, no tan macabro, y requiere mucho estudio.
Preguntado sobre si la Ley de Memoria Histórica había resucitado los fantasmas del pasado, Zapatero respondía el pasado domingo: «No ha pasado nada porque no era contra nadie».
Resulta difícil saber si esta ley ha influido en Baltasar Garzón, pero el hecho es que el juez de la Audiencia Nacional vuelve a agitar esos duendes macabros al abrir una especie de macroinvestigación judicial sobre los crímenes cometidos por el llamado bando «nacional» durante la Guerra Civil y la primera época del franquismo.
Por la forma como está redactado su escrito, se puede deducir que Garzón excluye los asesinatos cometidos bajo cobertura del régimen republicano.
Garzón ha enviado providencias a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada y ha pedido la colaboración de nada menos que 22.800 parroquias y diversas instituciones, solicitando las listas de desaparecidos durante ese periodo. No explica con qué propósito, pero se supone que su petición se inscribe en el marco de una investigación penal a raíz de varias denuncias presentadas en la Audiencia Nacional.
La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el proposito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931. La Causa General de Franco fue, sobre todo, un acto propagandístico para intimidar a los vencidos. Es difícil saber qué se propone Garzón, pero todo indica que intenta recuperar el protagonismo perdido en los medios de comunicación.
Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran. Así se lo ha recordado un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone.
A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales. La realidad es que, entre sus viajes a Latinoamérica para denunciar los crímenes de las dictaduras, sus conferencias, sus libros y la realización de documentales, apenas le quedan ya horas para realizar su trabajo. Seguramente por eso ha sido incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA, no tuvo tiempo de transcribir la cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M y ha dejado enormes lagunas en casi todos los sumarios que ha instruido.
Esta última de sus garzonadas ni siquiera puede ser tomada en serio. Es un puro disparate sin opción alguna de salir adelante. Sería cuestión de olvidar este despropósito si no fuera porque hace un tremendo daño a la Justicia y a la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para poner en su sitio a Garzón, al que le han permitido ya demasiados excesos.
