(PD).-Las opiniones a favor y en contra del aborto siempre están en guardia y más tras la decisión tomada por el Ministerio de Igualdad. La nueva ley que regulará la interrupción del embarazo a partir del primer semestre de 2009 ya ha despertado los puntos de vista más dispares.
A pesar de que le Gobierno no ha contado con ellos para formar parte de la Comisión de Expertos, que ha tomado la decisión de sacar adelante la citada normativa, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) se ha mostrado satisfecha ante esta iniciativa.
Según el presidente de ACAI, Santiago Barambio, la actual ley «es insuficiente» y convierte a las españolas en «europeas de segunda que deben viajar para interrumpir su embarazo».
Para ACAI la principal cuestión que se debe abordar es la de la ampliación de los supuestos que permitan a las mujeres de nuestro país someterse al aborto, así como una mejor protección jurídica ante los requerimientos judiciales.
Sin embargo, su temor es que este intento de reforma se quede «en un falso paso hacia adelante», aunque destacó como positivo el hecho de que el Gobierno «se preocupe por fin de este tema».
Una tapadera de la crisis
Por otro lado, la Fundación Vida acusa al Gobierno de abrir el debate del aborto para apartar la atención de la crisis. Su director, Manuel Cruz, ha lamentado que se convierta «un asunto tan serio como es el aborto en un nuevo numerito de sacar conejos de la chistera y apartar la atención de los malos datos económicos».
Y criticó que temas como el aborto o la eutanasia «en los que está en juego la vida de miles de personas», se limiten a ser «meros instrumentos» para que el Gobierno los airee «el mismo día en el que se conocían los datos del paro».
«El Gobierno no tiene ningún interés por analizar la situación del aborto en España. Para ahorrar tiempo y dinero al contribuyente, que se quiten la careta y sometan a debate directamente la ley de plazos, que es lo que dictaminarán sus expertos», puntualizó.
Para el responsable de la Fundación Vida, lo más «lamentable» es que quieran estar «con los primeros países en estas normativas», y afirmó que mantienen una «obsesión infantil por demostrar que son los más ‘progres’ del mundo».
«Dar más libertad para abortar no será la panacea, sino lo contrario. Si con la actual legislación los abortos no han hecho sino aumentar a un ritmo vertiginoso, con el cambio de normativa se convertirá en un anticonceptivo más. Como además se obliga a la sanidad pública a cargar con él, tendremos un incremento ingente de gastos con el aumento de intervenciones, postoperatorios, o psiquiatras que tratarán el síndrome postaborto», concluyó.
La presidenta de la Fundación Real Madre, Carmina García-Valdés, se ha mostrado partidaria de desarrollar una nueva ley sobre el aborto, siempre que «contemple a las mujeres que no quieren abortar y se ven obligadas a hacerlo porque no se les informa debidamente de los recursos y de las secuelas físicas y psíquicas que va a tener para ellas ese aborto».
«Nos preocupa que sea una ley en la que todavía se deje más campo abierto al negocio del aborto en detrimento de la salud y bienestar de las mujeres», ha advertido. «Hoy en día en España la mujer que quiere abortar lo tiene fácil», ya que «va a acogerse al supuesto de salud psíquica para la madre, que es el gran coladero».
Una ley de plazos
Las Juventudes Socialistas de España (JSE), a favor de la reforma, han exigido «la aprobación de una ley de plazos que garantice la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los profesionales que las atienden».
«Una ley equiparable con las legislaciones de los países más avanzados de nuestro entorno, que además se atenga al criterio de la equidad territorial en la prestación de este servicio, que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada», ha afirmado el secretario general de JSE, Sergio Gutiérrez.
Para JSE la norma tiene que establecer la «obligación de los trabajadores de la sanidad pública de cumplir con la legislación». En ella se debe acotar «el derecho a la objeción de conciencia de los médicos», para que no se establezca como algo «general, sino en cada caso, y siempre como un derecho individual».
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, confía en que para la elaboración del texto se tengan en cuenta todas las opiniones y no sea el Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo «la única voz que opine» en este debate.
Entre los aspectos que deberá incluir el nuevo texto, Soleto también aboga porque se establezca una ley de plazos en la que se recojan más aspectos además de la modificación del Código Penal, tales como la prevención o la obligatoriedad de su prestación dentro de la Sanidad Pública.
Para Yolanda Besteiro, presidenta de la asociación Mujeres Progresistas, la nueva ley es necesaria para «garantizar el derecho de todas las mujeres españolas a decidir libremente su futuro».
«La legislación que tenemos ahora no sirve para nada mientras se siga persiguiendo a las mujeres y a los profesionales que avalan la interrupción voluntaria del embarazo», afirmó Besteiro. «El objetivo debe ser lograr que se cumpla y respete el derecho de todas las mujeres a abortar antes de cumplir las 14 semanas de gestación», apuntó.
En su opinión, «que la redacción de la ley sea dirigida por Igualdad añade esperanzas al proyecto y le ofrece una perspectiva transversal que no se alcanzaría si se dirigiera desde otro departamento».
