(PD).- Y sigue la jugada. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha comparecido para decir sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley de consulta que en su Gobierno «acatamos» la sentencia, «pero no nos resignamos». Tanto él como todo su Gobierno sabían que su consulta era ilegal, pero están tratando de, jugado al victimismo, sacarle toda la rentabilidad posible.
Tras el pronunciamiento ayer del Tribunal Constitucional que fijó la inconstitucionalidad de la consulta que había convocado para el 25 de octubre, Ibarretxe ha comparecido ante los medios para leer una declaración, después de reunir a su Consejo de Gobierno con carácter extraordinario en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria.
En la declaración institucional, el lehendakari y su Gobierno (PNV-EA-EB) han considerado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional como un «atropello democrático», e Ibarretxe ha anunciado que recurrirán a instancias europeas.
Después de tres días de deliberaciones, el pleno del Tribunal Constitucional acordó anoche declarar que la ley de consultas aprobada por el Gobierno vasco vulnera la legalidad porque convoca un referéndum que pretende una revisión unilateral de la Carta Magna, por lo que invade competencias exclusivas del Ejecutivo central. La alta corte asumió de manera unánime los argumentos de la Abogacía del Estado en el sentido de que el lehendakari Juan José Ibarretxe se arroga la competencia exclusiva del Estado para convocar consultas populares.
Incluso dio un varapalo al Gabinete de Vitoria por sacar adelante su iniciativa con un trámite parlamentario que impidió a los partidos de la oposición presentar enmiendas.
No hubo sorpresas. Las previsiones gubernamentales y los temores del Ejecutivo vasco se cumplieron. El tribunal resolvió que la ley de consultas aprobada por el Parlamento autonómico el 30 de junio vulnera la Constitución y la legislación sobre ese particular. Tras esta resolución, el presidente del Gobierno vasco no podrá convocar el próximo lunes, sin saltarse la ley, la consulta popular que tenía previsto celebrar el 25 de octubre.
El pleno del tribunal aprobó de hecho los informes de los ponentes de los recursos elaborados por los abogados del Estado y del PP, Guillermo Jiménez y Pablo Pérez Tremps. Ambos magistrados dieron la razón en sus escritos a los razonamientos jurídicos de los recurrentes. En el caso de la impugnación gubernamental, el Constitucional hace suyo el argumento de la Abogacía de que «los referendos consultivos autonómicos», como el que propone Ibarretxe, «no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice».
La corte constitucional también comparte en su fallo el planteamiento de los letrados del Estado en el sentido de que existe una invasión competencial por parte del Ejecutivo vasco puesto que la potestad «exclusiva» de convocar referendos que afectan a la organización del Estado corresponde al Gobierno central, como establece la Carta Magna y la ley orgánica que regula la convocatoria y organización de los plebiscitos.
Además, la ley aprobada por el Parlamento de Vitoria tampoco tiene sustento en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que sólo admite la revisión de las relaciones entre esa comunidad y el resto del Estado mediante una reforma que, una vez aprobada por las Cortes Generales, debe ser sometida al referendo de los residentes en esa autonomía, pero no antes.
«La ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el ‘Pueblo Vasco’, titular de un ‘derecho a decidir’ susceptible de ser ‘ejercitado’, equivalente al titular de la soberanía, el Pueblo Español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una nueva relación entre éste y una de las comunidades autónomas en las que se organiza», concluye el magistrado Guillermo Jiménez, algo «imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente».
Para el ponente de la resolución que da la razón al Gobierno, la ley de consultas impulsada por Ibarretxe es, en realidad, «la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de concluir, eventualmente, en ‘una nueva relación’ entre el Estado y el País Vasco», algo ilegal por su propia definición.
Los magistrados del tribunal consideran además que el Parlamento vasco vulneró su propio reglamento en la tramitación de la norma al no admitir enmiendas al proyecto de ley. Esa práctica supone «una restricción radical» de los derechos de los parlamentarios, además de una aplicación «indebida e inadecuada» de las reglas internas de la Cámara de Vitoria. Dio la razón en ese sentido a PSE y PP, que se habían quejado amargamente por no poder presentar enmiedas a la ley de consultas.
Según fuentes de la alta corte, la decisión fue adoptada ayer de forma unánime por los once magistrados que participaron en las deliberaciones de mañana y tarde, a las que no pudo asistir Javier Delgado Barrio. Pese a la unanimidad, el fallo suscitó vivos debates entre los magistrados sobre la naturaleza de los recursos, pues, según fuentes jurídicas, unos vieron adecuada la fórmula escogida por el Gobierno de presentar una demanda de inconstitucionalidad, mientras otros sostuvieron que lo correcto hubiera sido un conflicto de competencias. Del mismo modo, algunos integrantes del tribunal apuntaron que el elemento recurrible no era la norma aprobada por el Parlamento vasco, sino la convocatoria del referendo una vez aprobada por el Gobierno de Ibarretxe.
Otra discusión, de acuerdo a las mismas fuentes, se suscitó en torno al carácter del plebiscito. Unos magistrados valoraron la tesis del Ejecutivo vasco de que si se trata de una consulta no vinculante no tiene valor jurídico y se limita a ser una pulsión de la opinión de la sociedad vasca, como un sondeo o una encuesta.
La tesis fue rechazada con contundencia por la mayoría de los miembros del tribunal, que se mostraron convencidos de que se trata de un intento de convocar un referendo sin tener las competencias para ello. «Siendo indiscutibles el objeto de la consulta, la voluntad requerida y que ésta ha de manifestarse mediante un procedimiento electoral dotado de las garantías propias de los procesos electorales, es claro también, por lo dicho, que la consulta es un referéndum», concluye el magistrado Jiménez con el asentimiento de sus compañeros.
La consulta que el lehendakari había previsto para el próximo 25 de octubre incluía dos preguntas. La primera era: «¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?». La segunda preguntaba: «¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?».
