(PD).- El enfrentamiento por la renovación del Tribunal Constitucional podría abrir las heridas suturadas con la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De hecho, esta fricción lleva camino de convertirse en un auténtico choque de voluntades.
Este mismo viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que, «de confirmarse» que ha habido «indicaciones» del PP a los Parlamentos autonómicos para la renovación del Tribunal Constitucional (TC), se podría cuestionar la «legitimidad» de los dos candidatos populares.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega ha mostrado su «preocupación» porque el PP sólo haya propuesto en las Cámaras autonómicas al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, y su hasta ahora presidente, Francisco José Hernando.
En esta línea, ha indicado que esta falta de «pluralidad» y un uso de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) obedece más a un «interés partidista» que del Estado y puede interpretarse de una forma «poco respetuosa con los suyos, en la medida en que pueda haber habido una indicación», y también con los profesionales del Derecho.
No obstante, ha subrayado que «el Gobierno no se va a oponer a nada» y que el acuerdo suscrito por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para la reforma de la justicia se refiere a «los criterios del modelo» y no a «los nombres de las personas».
En cualquier caso, de los 12 parlamentos autónomos en los que el PP tiene representación suficiente para presentar candidato propio, Hernando y López van a ser propuestos al menos por siete (Cantabria, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura).
Por primera vez, las autonomías pueden proponer dos candidatos cada una para los cuatro puestos del Constitucional que debe renovar el Senado.
Los parlamentos debían, en algunos casos, modificar sus propios reglamentos, por lo que el pasado 4 de diciembre, la Mesa de la Cámara Alta decidió suspender el plazo, ya que varias de las comunidades, tras recibir la carta de Rojo y estudiar el asunto, decidieron solicitar más tiempo.
Asimismo, el 10 de enero, el Grupo Popular del Senado presentó ante el TC un recurso contra el nuevo reglamento, que se sumaba al formulado contra la LOTC, al entender que el artículo que permite a los Parlamentos autonómicos proponer magistrados para renovar el TC no se ajusta a la Carta Magna.
Candidaturas inasumibles
La renovación de este órgano abrió una grieta en la paz sellada por PSOE y PP en materia judicial. La decisión de los populares de promover las candidaturas del presidente del CGPJ y del que durante siete años fue sido portavoz de esta institución para su designación en el Senado, provocó una respuesta airada en las filas socialistas.
La responsable de política autonómica de la formación, Mar Moreno, avisó de que ambos podrían ser fácilmente recusables por sus opiniones sobre asuntos pendientes de resolver en la Corte, y subrayó que su presencia pondría en peligro la estabilidad del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
De hecho, el PSOE considera «inasumibles» las candidaturas, los hasta ahora portavoz y presidente del CGPJ, propuestos por el Partido Popular.
La formación gubernamental renuncia, de momento, a recurrir al veto en la votación que debe llevarse a cabo en el Senado a partir del próximo lunes 29, pero fuentes cercanas a la negociación aseguran que la posibilidad de bloquear el proceso está sobre la mesa.
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se limitó a reclamar al principal partido de la oposición que «recapacite» sobre su elección. Los socialistas se sienten atrapados en una encrucijada que les coloca en una posición difícil.
Si los populares se niegan a ofrecer más opción que la de Hernando y López, dos juristas que se han significado por su actitud beligerante contra el Gobierno, no tendrán más remedio que oponerse, lo que les situaría como responsables de que no se haya podido llevar a cabo una renovación pendiente desde hace casi diez meses y pactada porZapatero y Rajoy en su encuentro de julio en La Moncloa.
El líder de la oposición defendió que aquel pacto en materia de Justicia, por el que también se produjo el relevo del CGPJ, conllevaba la libertad de propuesta, aunque el Gobierno opina que ni el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ni Hernando podían ser propuestos.
Por su parte, López -propuesto por el PP para magistrado del Tribunal Constitucional en cinco Parlamentos autonómicos-, cree que debe «mantener una escrupulosa distancia» respecto al proceso de elección.
Las autonomías participan
La finalidad de la LOTC, que permite a las Asambleas autonómicas enviar dos candidatos al Senado de los cuatro magistrados que a éste le corresponde designar es, ha afirmado, garantizar la participación de las comunidades.
Una ley, ha recordado la vicepresidenta De la Vega, que fue recurrida por el PP y declarada constitucional por el alto tribunal. Pero «no parece que se esté usando el nuevo sistema de acuerdo con lo previsto» y «ha venido la misma propuesta de todos los Parlamentos», ha indicado De la Vega.
Y «eso hecho por quien ha puesto en cuestión el sistema podría determinar que ha habido unas indicaciones y por lo tanto se está impidiendo esa pluralidad», ha concluido.
Paso a paso
El Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, el Congreso de los Diputados propone a cuatro (por mayoría de tres quintos de sus miembros), el Senado a otros cuatro (con idéntica mayoría), el Gobierno dos y el CGPJ los dos restantes.
Los magistrados son independientes e inamovibles y la duración de su cargo es de nueve años (sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años), sin que la Ley haya previsto límite de edad para su desempeño. No obstante, este tribunal se renueva por terceras partes cada tres años
Los parlamentos autonómicos tienen como plazo límite hasta el 29 de septiembre a las 14 horas para proponer a dos magistrados de los cuatro que tiene que designar la Cámara Alta para la renovación del Constitucional.
Según lo acordado, cada Parlamento debía aprobar dos, para que la Comisión de Nombramientos del Senado tuviera un total de 34 personalidades de la judicatura, de entre los que tendría que elegir cuatro, y se reservaba la posibilidad de nombrar a otros distintos.
Una vez en el Senado, los votos del Partido Popular y del PSOE son imprescindibles para estos nombramientos, según la cuota pactada: dos para cada uno.
Los candidatos, hasta el momento
– Aragón: Jesús Delgado y José Hernando.
– Cataluña: Encarna Roca y Antoni Rovira.
– La Rioja: Enrique López, Ignacio Espinosa y Carlos Coello.
– Navarra: Manuel Pulido y José Francisco Cobo.
– Extremadura: Angel Juanes y Enrique López.
– Castilla La Mancha: José Hernando y Luis Ortega.
– Castilla y León: Sacristán Represa y Enrique López.
– Murcia: Francisco José Hernando y Maurandi Guillén.
– Canarias: Oscar Bosch y Oscar González.
– Cantabria: Luis Martín Rebollo y Enrique López.
– Comunidad Valenciana: Francisco José Hernando y Manuel Ortells.
– Andalucía: Enrique López y Juan Carlos Campo.
– Madrid: Enrique López y Fernando Valdés.
– Galicia: Josefa Otero y Nemesio Barxa.
