(PD).- Han terminado los meses de silencio en torno a los problemas provocados para los oficiales de la Escala Superior por la Ley de la Carrera Militar. A raíz de la presentación de los 447 recursos judiciales contra la ley y de la publicación en este periódico y en otros medios de este conflicto interno, la ministra Carme Chacón ha tenido que contestar a las preguntas de los diputados y sus subordinados que justificar las acciones de Defensa en la regulación de la ley.
En total, son mil los miembros de la Escala de Oficiales que han interpuesto los recursos judiciales ante la Audiencia Nacional. Un grupo de 600 lo han hecho a través del Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Ciofas), una asociación militar que defiende los intereses de quienes están integrados en esta escala militar. Por otra parte, unos 400 lo han presentado de manera particular. La mayoría de estos oficiales, casi un 99 por ciento, pertenecen al Ejército de Tierra, según informa ABC.
Para estos militares, el curso que le obligan a realizar no tiene contenido académico y no aporta conocimientos nuevos. «El curso está vacío de contenido y no tiene ningún efecto académico», dice Barranco. A su juicio, la única «novedad es la Alianza de Civilizaciones», piedra filosofal de la política exterior de Zapatero, que el mencionado militar califica de asignatura «absurda y algo anecdótica, que no interesa a los profesionales» para el cometido de su tarea.
Después de las últimas informaciones publicadas por este periódico sobre las discrepancias entre los oficiales de los tres ejércitos acerca de la Ley de la Carrera Militar, que ha llevado a más de 300 oficiales superiores de la Armada a presentar un recurso histórico contra esta norma, la cúpula del Ministerio de Defensa está molesta, según informa El Imparcial.
La subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, remitió una carta al director de ABC y, días más tarde, fue contestada por un familiar de un militar y conocedor de la normativa. Así el intenso debate en los cuarteles se hace público.
En su comparecencia el pasado 17 de septiembre en el Congreso, la ministra Carme Cachón fue interrogada por el diputado popular Arsenio Fernández de Mesa sobre esta polémica surgida a raíz de los primeros pasos tomados para regular la normativa militar aprobada en 2007. Para minimizar el problema, Chacón respondió que “sólo un 3,8 por ciento del total” de oficiales ha impugnado la ley. La prensa calculó unos 800 pero la ministra, según aclara su subsecretaria, se refería al total de los oficiales afectados y no de los oficiales en activo, cuyo porcentaje sería un 2,4 por ciento. Aún así, San José amplía la cifra publicada por este periódico de 302 recursos (interpuestos por oficiales de la Armada) a 447. Los casi 150 recursoso restantes han sido presentados por miembros de la Escala Oficiales de los tres ejércitos que tampoco están de acuerdo con algunos aspectos regulados en la Orden Ministerial.
Para los dirigentes del Ministerio de Defensa no es “algo excepcional que un grupo militares, en ejercicio de sus derechos, interponga un recurso contra una disposición de carácter general”. Sin embargo, en torno al 70 por ciento de los oficiales componentes de la Escala Superior de Oficiales que ostentan u ostentarán los empleos de teniente de Navío/ capitán y alférez de Navío/ teniente a fecha de 1 de julio de 2009, haya puesto un recurso. Eso sí que “es un hito en la historia de las Fuerzas Armadas”, aseguran los implicados.
Por otra parte, no sólo es reseñable esta proporcionalidad, porque, según ha podido saber EL IMPARCIAL, oficiales de otros empleos y ejércitos que los de los afectados están interesados en plantear otros recursos contra la ley.
Porque esta normativa militar afecta a muchos colectivos de las Fuerzas Armadas. También oficiales del Ejército de Tierra, que se encuentran en la misma situación que los que han interpuesto el primer recurso, se han interesado en conocer cómo se ha formalizado.
La vulneración de derechos individuales
El PP, que denunció en el Parlamento que la integración de las dos escalas (de Oficiales Superiores —ESO- y de Oficiales —EO-) en una única está vulnerando los derechos individuales de los afectados por el hecho de que militares con menor antigüedad rebasarán en el escalafón a otros con más años en el empleo y mayor preparación.
En parte por las informaciones publicadas y por las preguntas de los diputados, la cúpula de Defensa está rompiendo ahora el silencio que ha mantenido durante meses sobre esta unificación que se comenta en los despachos del Ministerio, en los cuarteles, en foros y en correos electrónicos.
Es inevitable el malestar de los mandos porque todos los oficiales en el empleo de teniente de Navío/capitán y alférez de Navío/tenientes de la ESO serán rebasados por oficiales de la EO más modernos.
La ministra justifica la integración, y así lo explica de nuevo la subsecretaria, alegando que “dotará de una mejor estructura de personal y favorecerá el desarrollo de una carrera militar fundamentada en criterios de mérito y capacidad”. Sin embargo, para los opositores de la fórmula que la regula consideran que es injusta pues “emplea un criterio relativo al número de componentes de una escala y su antigüedad en la misma”. Se trata para ellos de una fórmula “demoledora y revolucionaria que reconoce como menos capaces a los oficiales de la ESO pese haber estudiado durante cinco años en la Escuela Naval”. El no valorar la antigüedad supone a su parecer variar “muchos parámetros que afectan a los derechos de los militares, no sólo a sus expectativas profesionales”.
Sin embargo, la ministra afirmó en su comparecencia en el Congreso que no se puede confundir “la modificación de expectativas de algunos militares con la vulneración de sus derechos”. Por lo tanto, la ley no tendrá en cuenta el grave caso de los todos oficiales de los tres ejércitos que accedieron a la ESO desde la EO y que, en junio de 2009, serán rebasados por sus compañeros de su antigua promoción de la EO que resultarán “rejuvenecidos” gracias a la aplicación de la ley.
Por todo ello, el diputado popular Arsenio Fernández de Mesa, pidió a la ministra de Defensa que “enmiende una mala ley”. Ley que no gusta en general a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por muy diversas razones.
