(PD).- Tras conocerse en detalle los Presupuestos Generales del Estado, todavía se complica más la reunión entre Zapatero y Rajoy. Solbes ha presentado en el Congreso un gasto público con una marcada intencionalidad política: discriminar a las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP. Se trata de unos presupuestos ineficaces, injustos y discriminatorios.
Ineficaces porque no contienen ninguna política frente a la crisis. Según ABC,
Son unas cuentas pasivas que se limitan a trasladar los compromisos electorales al nuevo escenario macroeconómico. E incluso en eso ha habido que hacer algún apaño, porque las cifras de crecimiento económico, evolución de los ingresos tributarios y desempleo son demasiado optimistas como para ser creíbles. Están, sin duda, fuera del consenso de los economistas españoles e internacionales, y aun así se dispara el déficit y crece la deuda pública. El cambio en la posición fiscal es significativo, de casi tres puntos del PIB, que serán sin duda más cuando veamos la liquidación correspondiente al año 2009. Podría estar justificado si el Gobierno tuviera un plan de actuación que exige más inversión pública para aumentar la capacidad productiva -educación, tecnología o infraestructuras- o, mejor aún, si previese reducciones fiscales para quienes crean empleo y para la inversión empresarial, pero en los Presupuestos Generales no hay nada de eso: sencillamente no hay política económica, sólo el coste de las compromisos y promesas electorales pensados para tiempos de bonanza. No hay ideas nuevas.
Tampoco son unos presupuestos solidarios por mucho que el Gobierno insista cansinamente en tratar de convencer a la opinión pública del aumento de las partidas destinadas al gasto social. Buena parte de ese aumento es simplemente el efecto de la crisis -no es una opción progresista a pesar de la mucha propaganda dedicada a tal efecto- y el reconocimiento de un fracaso. Los datos no dan lugar a la duda: el paro está aumentando más incluso de lo que se preveía y el Gobierno está obligado a hacer frente a la tasa de desempleo aumentando en más de un 20 por ciento el gasto dedicado a cubrir esos subsidios. En esta coyuntura, el Ejecutivo ha optado por mantener sus obsesiones contra toda recomendación técnica y ha decidido convertir en permanentes los 400 euros de devolución en el IRPF, después de que varios miembros de su propio gabinete hayan criticado en público esta medida y reconocido que es profundamente injusta. En los Presupuestos, el Gobierno también se olvida de deflactar la tarifa del IRPF, lo que para el PSOE era un gran escándalo y un fraude cuando estaba en la oposición. Esa decisión supondrá para las familias españolas un coste de 2.500 millones de euros, que recaerán principalmente sobre las rentas más bajas.
Y concluye el editorial de ABC:
Y son, en definitiva, unos presupuestos discriminatorios en los que la inversión pública se distribuye territorialmente en función del color político del Gobierno autonómico o de las necesidades electorales del Partido Socialista. Es un fenómeno peligroso que nos acerca todavía más a un sistema caciquil -sería un error tatar de ennoblecer la pretensión del Gobierno con el calificativo de «federal»-, en el que la inversión pública deja de ser un factor de cohesión territorial o motor de crecimiento económico nacional para convertirse en un motivo permanente de agravio y de enfrentamiento entre comunidades. Es un camino iniciado conscientemente por este Gobierno con el reconocimiento de presuntas deudas históricas y la fijación de fórmulas automáticas de cálculo de inversiones en los estatutos de segunda generación. Con este proyecto de cuentas públicas, el Gobierno relega a un segundo plano el interés general y elude su obligación de garantizar el principio de solidaridad entre regiones. Es un camino cuya injusticia resulta explosiva y difícil de mantener en un escenario de crisis económica y restricciones.
