(PD).- El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales han tachado de «auténtico escándalo» la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del juzgado de Sevilla por negligencia grave en el caso de Mari Luz Cortés y creen ser la «cabeza de turco» para ocultar las carencias de Justicia. En este sentido, acusan a Bermejo de utlizarles como «chivo expiatorio» para compensar la ridícula sanción impuesta al titular del juzgado, Rafael Tirado.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales considera que la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, cuyo titular es Rafael Tirado -quien no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle-, pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia ha buscado «un chivo expiatorio» al que dar «un escarmiento ejemplar».
Para los secretarios judiciales el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia», según informó el Colegio en un comunicado, que también recoge que «para acallar voces y no molestar a nadie» su departamento «ha decidido dar un escarmiento ejemplar» a Gálvez, «aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio».
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales anuncia que ejercerá las actuaciones que sean precisas para «defender la verdad y apoyar» a la funcionaria sancionada porque consideran que, «como siempre, se ha optado por hacer sangre en la parte más débil». A su juicio, la resolución hecha pública este viernes «constituye un auténtico escándalo», que causa «estupor e indignación» por una sanción que consideran «desmesurada» y «a todas luces injusta».
Falta de medios
Los secretarios creen que «se quiere confundir a la ciudadanía descargando en funcionarios de a pie lo que es una absoluta falta de dedicación de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos».
Al respecto, lamentan las «irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI» al tiempo que censuran que la nueva organización de la oficina judicial, «que debía haber pilotado el Ministerio para solucionar estas carencias, está estancada desde hace casi cinco años».
Con respecto a los motivos para sancionar a Gálvez, los secretarios esgrimen que la dación de cuenta «en la mayoría de los casos se lleva a cabo de forma verbal, no por escrito» y subrayan que «no se ha desarrollado la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni adaptado las leyes procesales a su dictado, por lo que la competencia para ejecutar las sentencias todavía no se materializa en los secretarios judiciales».
Según sus palabras, «ningún secretario judicial puede controlar la oficina judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados» ya que el sistema de gestión procesal «totalmente deficiente», «no permite un control informático de las ejecutorias» sino que «se tiene que hacer manualmente, contando una a una».
«Muchos funcionarios interinos -prosiguen- acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones» y, además, «no existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales».
Así las cosas, los secretarios mantienen que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla «pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar». «Así lo hemos denunciado los Secretarios Judiciales, y así lo hemos reclamado, pero el Gobierno de la nación no pone remedio a esta situación», concluyen.
Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha señalado que el régimen disciplinario de los jueces es lo más parecido «al sistema de bulas» que tenía la Iglesia hace doscientos años, «que, pagando, se libraban de sus responsabilidades». En opinión de López Durán, el máximo responsable de esta situación es el propio juez, ya que el secretario judicial, ha recalcado, es un técnico procesal «y no es el ayudante de nadie».
