(PD).- Por defender sus derechos constitucionales, Carmelo González podría perder sus derechos como padre. Esta es la surrealista paradoja a la que se enfrenta quien llegó a hacer huelga de hambre para pedir que la Generalitat cumpliera la ley y que sus hijos pudieran ser escolarizados en castellano.
Como revela el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la demanda, su esposa ha interpuesto ahora una demanda de divorcio en la que reclama la custodia de los dos hijos de la pareja utilizando como base argumental el «extremismo» de sus posiciones.
El caso de González es la demostración palpable de lo perverso que es el sistema lingüístico impuesto por el Gobierno catalán.
La Generalitat se ha negado siempre a establecer dos circuitos de enseñanza que permitieran a los padres elegir la lengua de escolarización de sus hijos alegando que eso «marginaría» a los castellanoparlantes. Se ufanan de que la ley reconoce ese derecho a elegir, pero es papel mojado porque el sistema no permite ejercerlo en la práctica.
Así, quienes viven en Cataluña tienen dos opciones: o pasar por el aro nacionalista o convertirse, ahora sí que de verdad, en marginados y parias sociales como el padre que nos ocupa.
La consigna de que quien reclama ciertos derechos constitucionales es un «extremista» o un «radical» ha permeado la sociedad catalana hasta tal punto que ya se invoca no sólo en el terreno político, sino también en el social y en el del derecho civil.
Y el mejor ejemplo son los argumentos empleados en esta demanda en la que se acusa a González de «inadaptación social», se le tilda de «obsesionado» con una «cruzada» y se le echa en cara «haberse enemistado con la dirección del centro escolar» que cumple los dictados de inmersión de la Consejería.
Según se establece, la actitud de este padre «bien seguro va a provocar que (sus hijos) tengan problemas para relacionarse con el resto de niños, por no decir cómo son vistos por el resto de padres y profesorado».
El único argumento de la demanda que podría tener alguna solvencia si fuera cierto es el de que González ha «utilizado» a su hija en sus reivindicaciones, pero lo cierto es que jamás ha cedido el nombre de la niña o su fotografía.
Por lo demás, resulta extremadamente llamativo cómo en todo momento se busca la complicidad política de quienes van a juzgar la capacidad como padre de Carmelo González, llegando incluso a alegar su supuesto «boicot al cava», conducta que puede ser opinable en términos políticos, pero cuyo valor para juzgar las cualidades de un progenitor parece escaso.
Salvo que se tenga una concepción totalitaria de la sociedad.
