¿Está muerto de verdad el general Franco?

(PD).- Dice un viejo proverbio jurídico que no hace falta comprobar lo obvio. En abierta contradicción con las leyes del sentido común, el juez Baltasar Garzón dictó ayer un auto en el que exige al Registro Civil que certifique la muerte del general Franco en el plazo de diez días para «declarar extinta su responsabilidad penal» en la Guerra Civil.

Afirma el diario El Mundo en su editorial que el auto de Garzón transforma lo que hasta ahora eran diligencias previas sobre los desaparecidos en la Guerra y el franquismo en un procedimiento penal contra Franco, Mola, Serrano Suñer, Cabanellas, Queipo de Llano, Muñoz Grandes y casi una treintena de altos cargos del llamado bando nacional, a los que acusa de delitos asimilables al genocidio.

Igualmente reclama a Interior que le comunique la relación de máximos dirigentes de la Falange desde 1936 a 1951 y advierte que son exigibles responsabilidades penales sobre los crímenes del franquismo, incluso con posterioridad a 1952.

La argumentación de Garzón -que ordena en su auto que se abran 19 fosas comunes de la Guerra Civil, incluida la de García Lorca- para perseguir estos delitos es que no han prescrito porque se trata de crímenes contra la humanidad.

El juez se basa en la doctrina establecida por el Tribunal de Nuremberg que juzgó a la cúpula nazi, en la Convención de La Haya de 1907, en sentencias de los tribunales penales internacionales y en un libro del que es autor él mismo para defender su tesis de la no prescripción de las hasta 114.000 desapariciones que pretende investigar.

Garzón reconoce que la ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en 1977, establece que «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, con anterioridad al 15 de diciembre de 1976» quedan amnistiados.

Pero dice que los delitos cometidos por el franquismo «son crímenes contra la humanidad y, por tanto, sin naturaleza de delito politico», por lo que no pueden amnistiarse, lo que es lo mismo que decir que el Parlamento español no sabía lo que hacía cuando aprobó esa ley.

Garzón va incluso más allá cuando reprocha a las instituciones «el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad».

El juez está acusando a todos los Gobiernos y Parlamentos de la democracia -amén de a todos sus vulgares e insensibles compañeros de toga- de encubrir los crímenes que él va a investigar 70 años más tarde.

Se trata de un auto sencillamente delirante, un estadio más en su truculenta garzonada, basada en falacias y sofismas que provocaron ayer la hilaridad en el mundo del Derecho.

La Fiscalía ya ha anunciado que lo va a recurrir, solicitando que sea el Pleno de la Audiencia quien se pronuncie. Estamos convencidos de que rechazará esta insólita iniciativa de Garzón que, como todo misionero que ha perdido la fe, instrumentaliza el derecho en favor de sus ansias de autobombo.

La resolución de Garzón es una demostración de que hasta el más absurdo de los disparates puede ser argumentado jurídicamente pese a ir contra la evidencia y el sentido común. Alguien así no está ni moral ni mentalmente capacitado para enjuiciar a nadie.

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