(PD).- El descaro con que nuestros gobernantes y representantes públicos piden a los ciudadanos todo tipo de esfuerzos y estrecheces para afrontar la crisis, mientras aumentan sin rubor sus asignaciones, produce -además de infgnación- sonrojo ajeno.
Y resulta frustrante comprobar cómo todos los partidos son cómplices de una práctica amparada en un auténtico pacto de silencio en el Congreso de los Diputados.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2009 aprobados hace una semana elevan de 78,1 a 81 millones de euros la partida destinada a los gastos corrientes de las formaciones políticas, lo que supone un aumento nada menos que del 4,2% respecto del presente ejercicio.
Este incremento supera con creces la inflación prevista para 2008 -que algunos expertos sitúan por debajo del 2% por primera vez-, es muy superior al gasto público general (3,3%) y contrasta vivamente con los recortes aplicados en Cultura, Defensa y Sanidad.
De hecho, hay que reparar en partidas que el Gobierno considera claves para salir de la crisis, como la inversión en Infraestructuras, para encontrar incrementos presupuestarios tan acusados.
Así, el marchamo de «austeridad» que Zapatero ha querido imprimir a las cuentas públicas desaparece, con la anuencia de todos los grupos, cuando de lo que se trata es de mejorar sus subvenciones.
De hecho, ni una sola de las 3.600 enmiendas presentadas a los Presupuestos cuestiona esta largueza presupuestaria tan vergonzosa como inoportuna, dado que se produce justo en un momento en el que nuestro país se precipita hacia los tres millones de parados, y de cara a un ejercicio en el que -según los pronósticos del FMI- Europa afrontará la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Baste recordar que para los sindicatos es un éxito conseguir que los sueldos de los trabajadores aumenten tanto como el IPC, o que el Banco de España recomendó no basar las subidas salariales en la inflación, para apreciar lo desproporcionado de este incremento del gasto público en favor de los partidos. Los responsables de las formaciones aseguran que se cumple la Ley de Financiación de Partidos de 2007, que garantizaba sus ingresos frente a cualquier contingencia asegurándoles subidas anuales con el IPC como referencia base.
Esta argumentación es una excusa, además de una burla, puesto que esa ley fue elaborada y aprobada a la medida, más que de las necesidades, de las conveniencias de esos mismos partidos y esos mismos políticos que nos piden que nos apretemos el cinturón… Todos menos ellos.
