(PD).- Casi cuatro millones de euros, entre valoración e intereses, es la cantidad que el Ayuntamiento de Calvià debe ahora abonar a la promotora Habitat Golf Santa Ponça, propiedad de la familia Nigorra, por una operación urbanística orquestada en su día por la ex alcaldesa socialista de Calvià y actual comisionada del Gobierno Central para la reforma de la Playa de Palma, Margarita Nájera.
Los hechos por los que ahora el Consistorio calvianer, gobernado por el alcalde del Partido Popular Carlos Delgado, deberá hacer frente a esta millonaria indemnización y que obligarán a planificar toda una serie de proyectos municipales, se remontan a principios de 1999.
En esa época, el Ayuntamiento, presidido por el Partido Socialista, firmó un convenio con las entidades Constructores Turísticos S.A. y Terrazas de Mallorca S.L, ambas propiedad de Juan Barrachina, según el cual la edificabilidad de dos parcelas de la familia Nigorra pasaba al solar colindante de Juan Barrachina mientras que los terrenos de los Nigorra se destinaban a espacio libre privado y a equipamiento privado deportivo.
Además, el gobierno socialista ratificó dicho convenio en su contenido urbanístico en el pleno del Ayuntamiento por el Plan Urbanístico municipal del año 2000. Entonces, la familia Nigorra solicitó al Ayuntamiento que iniciara un expediente de compensación y reparcelación para hacer efectiva la distribución de beneficios y cargas al tiempo que pedía una indemnización de daños y perjuicios en caso de que el gobierno de Nájera se negara a tramitar dicho expediente.
Finalmente, y ante el silencio de la administración municipal, Habitat Golf Santa Ponça S.L. interpuso un recurso por el perjuicio causado y ahora, el TSJB le ha dado la razón y ha condenado al Ayuntamiento por esa operación. En el fallo emitido por la sala se establece que se debe abonar a Habitat Golf Santa Ponça la cantidad de 2.767.506 €, más los intereses legales computados desde julio de 2003 por lo que se estima que la cantidad final a abonar rondará los 4 millones de euros.
A lo largo del proceso judicial, el equipo presidido por la ex alcaldesa Margarita Nájera ha defendido que el Ayuntamiento suscribió el convenio por el cambio de edificabilidad en la creencia de que Juan Barrachina era el titular de las tres parcelas afectadas y no únicamente de la que resultaba beneficiada por la permuta.
Alegaban, igualmente, que se tuvo conocimiento cuando Habitat Golf S.L, solicitó el procedimiento de equidistribución de beneficios y cargas pero que por aquel entonces la construcción de las viviendas en la parcela de Barrachina estaba ya en avanzado estado de construcción por lo que era imposible dicha equidistribución.
Finalmente, según alegó el gobierno socialista, se intentó llegar a una solución y se firmó un nuevo convenio con Barrachina por el que éste pagó 200 millones de las antiguas pesetas al Ayuntamiento por la imposibilidad de llevar a buen fin el compromiso adquirido en el 99. Por todo ello, argumentó el gobierno de Nájera, el Ayuntamiento actuó de buena fe y, a su juicio, Habitat Golf S.L. no era acreedora de indemnización alguna.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares se ha pronunciado en contra de los argumentos esgrimidos por el equipo de la actual comisionada de la Playa de Palma y obliga al Ayuntamiento del PP a pagar a la promotora casi cuatro millones de euros. Debido a este pago, la corporación municipal se verá obligada a planificar y priorizar diversos proyectos e iniciativas que estaban previstos llevarse a cabo en un corto plazo de tiempo.
Así, entre los proyectos afectados y cuya ejecución se prolongará en el tiempo están el Área de Rehabilitación Integral de los núcleos de Calvià vila y Es Capdellà; algunos proyectos de adecuación de la finca pública Galatzó o las guarderías municipales de Calvià y Palmanova.
