(PD).-El juicio contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por retardar supuestamente el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental, dará comienzo hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación sobre la base de conclusiones provisionales, considera al acusado autor de un delito continuado de prevaricación, con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal -actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica- y pide que se imponga una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años.
Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales. También la acusación particular considera al acusado autor de un delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal o, alternativamente, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, cometido por funcionario público, de discriminación por razón de orientación sexual en la prestación de un servicio público.
En el primer caso, pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y, alternativamente, por el delito de discriminación, la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por cuatro años. La defensa considera que no hay delito continuado de prevaricación, ni tampoco retardo malicioso, ni negación del acceso a la adoptante a la justicia por razón de su orientación sexual; que por tanto no puede haber circunstancias agravantes y solicita la libre absolución.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el magistrado cometió el citado delito con la agravante de «actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica». Por ello pide que se imponga además al magistrado, una multa de 810 euros y se le condena al pago de una indemnización de 18.000 euros, que recibiría Vanesa de la Heras Hermosilla, pareja de la madre de la niña.
En mayo de 2006, De la Heras inició en el Juzgado el procedimiento habitual para pedir la adopción de la hija de su pareja, Susana Meseguer. El expediente recayó en las dependencias que dirigía Ferrín Calamita que decidió solicitar -«de forma sorprendente», dice el Ministerio Público- un informe al Gabinete Psicosocial sobre la repercusión que tendría en la menor ser adoptada por una pareja homosexual.
El Gabinete emite un informe favorable a la adopción el 11 de agosto de 2006, escrito que, según la Fiscalía, «contrarió las expectativas del magistrado para quien el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar constituye una aberración que debiera ser apreciable por todos».
